En tres semanas caducará la delegación de facultades que convirtió al Poder Ejecutivo en autoridad de aplicación del Código Aduanero y con él, de las retenciones al comercio exterior. Las posiciones ya están claras: para los intransigentes de la oposición ese día desaparecen las alícuotas vigentes; para el gobierno seguirán en vigor las actuales mientras el Congreso no las modifique. La idea de convertir al Congreso en órgano administrador y de gestión es más pintoresca que dramática, por inaplicable. En el improbable caso de que el Grupo Ahhh... consiguiera mayoría para reducir y/o eliminar retenciones, el gobierno inauguraría el veto que hasta ahora fue superfluo. No por las razones fiscales que aduce la crítica al uso, sino porque la soja es un macroprecio que condiciona el funcionamiento de toda la economía, desde el precio de los alimentos y la tierra al tipo de cambio y, con él, a la viabilidad de otros cultivos y de la industria. Operadores financieros como Goldman Sachs (que el año pasado ganó 5.000 millones de dólares sólo con commodities), Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, Morgan Stanley y J.P. Morgan, han lanzado nuevos instrumentos financieros inspirados en las famosas hipotecas subprime que arrasaron el mercado inmobiliario en Estados Unidos y España. Sólo que ahora los colaterales de esas obligaciones son las commodities agropecuarias, a cuyos precios futuros se apuesta. Según la FAO, sólo el 2 por ciento de esas transacciones de futuros termina en un intercambio real de bienes. “En consecuencia, atraen a inversores que no están interesados en el producto en sí, sino sólo en una ganancia especulativa”, lo cual está inflando una nueva burbuja especulativa con los precios agropecuarios. A esto se suman las sequías récord en Europa Oriental y Africa Occidental y la competencia de la producción de etanol y biodiésel que, dado el alto precio de la energía, puede tornar no lucrativa la producción de muchos bienes agrícolas para consumo. La Argentina ha sacado provecho de esta situación. Desde enero es forzoso cortar el gasoil y la nafta con 5 por ciento de biodiesel y etanol. En julio, el gobierno amplió esa obligación al 7 por ciento de biodiésel en el gasoil, lo cual implica más de un millón de toneladas, y antes de fin de año lo mismo ocurriría con el etanol en la nafta. Bastó el anuncio para que subiera el precio de la soja, el único rubro en que la Argentina es líder en el mundo. Como provee más de la mitad de los 11 millones de toneladas anuales del mercado mundial de aceite de soja, la decisión china de demorar sus compras, de 2 millones de toneladas, redundó en un aumento de precio del 30 por ciento. Solá, que alguna vez entendió de estas cosas, haría mejor en explicárselas a sus colegas del Grupo Ahhh... que en hacerse el gracioso con temas muy serios. China reanudará las compras porque lo necesita, luego de fracasar en su intento de condicionar la estrategia comercial argentina, que defendió su propio mercado. Al incremento del precio de las exportaciones se suma la disminución de la factura de importación del gasoil reemplazado por biodiésel, lo cual más que compensa la diferencia de precios que pudiera haber entre el mercado chino y los de sustitución, como la India. Hoy la voz argentina no está sola en la exigencia de volver a regulaciones como las que regían desde la década de 1930 y que fueron levantadas en los 90 por presión de los financistas. Barack Obama impone algo más de transparencia en las transacciones de derivados y, según la revista alemana Der Spiegel, también Europa procura contener la especulación: el Comisionado Europeo de Mercado Interno y Servicios, Michel Barnier, llamó escandalosa la especulación con productos alimenticios y anunció que propondrá regulaciones más estrictas desde este año. En este contexto, es inimaginable que un gobierno que ha sintonizado con tanta precisión las tendencias mundiales, permita que la avidez de superganancias de las patronales agropecuarias y la visión aldeana de sus clientes políticos interfieran en un cuadro que hasta ha permitido recuperar puestos de trabajo. El 7,9 por ciento de desocupación está a sólo tres décimas del 7,6 por ciento alemán, logrado, igual que aquí, con programas de apoyo transitorio a la producción y el empleo hasta capear la crisis.