La causa de los presuntos sobornos para que la Cámara de Casación liberara a la patota de la Unión Ferroviaria detenida por el homicidio de Mariano Ferreyra acaba de llegar a ese mismo tribunal. Es porque dos imputados no quieren que la mamá del chico asesinado sea querellante. El gran comentario de ayer en tribunales fue que al ser sorteado el expediente justo le tocó, según fuentes judiciales, a la Sala IV, que integra uno de los jueces investigados por este asunto: Mariano González Palazzo. Este camarista fue nombrado juez en 1976 en Comodoro Rivadavia, habría sido profesor del Liceo Militar y egresado del Liceo de Córdoba. Hace poco firmó un polémico fallo que sobreseyó a los imputados en el caso Thales Spectrum (irregularidades en la privatización del espectro radioeléctrico). Casación discute estos días si fue legal su nombramiento como subrogante. El camarista Gustavo Mitchell, también investigado por el caso Ferreyra, presentó la renuncia (aún no aceptada) y carga con otra causa por la apropiación del bebé de una desaparecida, siendo juez de menores en 1978. Su otro colega bajo la lupa, Eduardo Riggi, integró la Cámara Federal de la dictadura.