El capellán prófugo Aldo Vara no es el único presunto autor de graves delitos refugiado en la diócesis de Ciudad del Este. Otro tanto ocurrió con los sacerdotes Mario Sotelo y Carlos Urrutigoity, acusados por abusos sexuales. En el caso de Sotelo el obispado dijo que las pruebas no eran concluyentes y aclaró que no lo había denunciado a la fiscalía porque “es al denunciante a quien le corresponde, no a la Iglesia”, que está cubierta por “el secreto de sumario canónico”. Hace tres meses, Livieres designó a Urrutigoity como su vicario general, pese a las protestas de movimientos de laicos. Urrutigoity fue miembro de la Fraternidad lefebvrista San Pio X, y tanto en el Seminario de La Reja, en el Gran Buenos Aires, como en el de Winona, Estados Unidos, fue acusado por acoso a jóvenes y niños con quienes dormía, les palpaba los testículos y les colocaba supositorios. Expulsado del grupo integrista fundó las Comunidades de San Juan y volvió a la obediencia papal en la diócesis católica estadounidense de Scranton, donde recibió acusaciones similares. La denuncia penal de una víctima no prosperó, por prescripción, pero el obispado llegó a un acuerdo por el que se pagaron 380.000 dólares. El anterior titular de Scranton, Joseph Martino, disolvió la Comunidad de San Juan y transmitió a Livieres y a los nuncios apostólicos en Estados Unidos y Paraguay “sus reservas sobre el padre Urrutigoity, a quien identificó como una seria amenaza para los jóvenes”, según informó la diócesis. La red de sobrevientes de abusos, SNAP por su sigla en inglés, pidió al actual obispo Joseph Bambera que reclamara al Papa Francisco que suspendiera o expulsara a Urrutigoity para proteger a los niños del Paraguay. Al justificar su promoción a vicario general, que cumple tareas de obispo auxiliar, Livieres dijo que según un test psicológico realizado por el Southdown Institute de Canadá, especializado en atención psicológica a sacerdotes en situaciones sexuales fronterizas, Urrutigoity no padece ninguna patología de ese tipo. Sin embargo, el 14 de marzo un informe de la junta evaluadora independiente de la diócesis de Scranton, publicado en el diario Pocono Record, sostuvo que según el Southdown Institute el sacerdote admitió la costumbre de dormir con jóvenes y niños por lo que era recomendable su separación del sacerdocio activo y la revocación de sus licencias. Livieres respondió que los cargos no estaban probados, que se debían a venganzas personales y diferencias ideológicas, que fueron descartados por la Congregación para la Doctrina de la Fe, que la comisión Ecclesia Dei le permitió recibirlo en su sede y que las Comunidades de San Juan se instalaron con Urrutigoity en Ciudad del Este, “a pedido de la Santa Sede”, en abril de 2005. Ahora, como vicario general tiene a su cargo recibir denuncias por abusos sexuales.