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La estrecha relación de Human Rights Watch con el gobierno de los Estados unidos plantea un conflicto de intereses y afecta su independencia, sostiene una nota con la firma de más de un centenar de personalidades de la comunidad de derechos humanos, la cultura y la Academia, que incluye a un ex secretario general adjunto de las Naciones Unidas, a dos premios Nobel de la Paz y al cineasta Oliver Stone. La nota fue enviada al Director Ejecutivo de HRW, el ex fiscal de Manhattan Kenneth Roth, a quien insta a tomar medidas concretas a favor de su independencia, comenzando por la calusura de la puerta giratoria por la cual funcionarios que diseñaron o aplicaron la política exterior de los Estados Unidos pasan a integrar el equipo de trabajo o los consejos asesores o la junta directiva de la organización, o en la dirección inversa. Cómo mínimo, dicen los críticos, debería establecerse un período de espera para ese intercambio de personal. Los firmantes se manifiestan de acuerdo con una declaración formulada en 2010 por el mayor donante de Human Rights Watch y miembro de su consejo directivo, el inversor financiero George Soros, quien dijo que para ser más efectiva, la organización debería ser vista menos como estadounidense y más como internacional. Los firmantes brindan algunos ejemplos de esta porosidad entre esta ONG y el gobierno estadounidense:

- Tom Malinowski, Director de Promoción de la oficina central de HRW en Washington, fue asistente especial del presidente Bill Clinton y redactor de los discursos de su ministra de Relaciones Exteriores, Madeleine Albright. En 2013 dejó su cargo en HRW para asumir como Secretario Adjunto de Relaciones Exteriores para asuntos de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo con el actual ministro John Kerry.

- Susan Manilow, vicepresidente de la junta directiva de Human Rights Watch, se presenta en su biografía oficial como vieja amiga de Clinton y consigna que fue anfitriona en “docenas de eventos” para el Comité Nacional del Partido Demócrata.

- Myles Frechette, ex embajador en Colombia y ex representante adjunto para asuntos comerciales, integra el Consejo Asesor de HRW.

- Miguel Díaz, analista de la CIA en la década de 1990, integró el Consejo Asesor de HRW entre 2003 y 2011 y en la actualidad actúa como “interlocutor entre la comunidad de Inteligencia y expertos no gubernamentales”.

Esta promiscuidad entre la organización y el Estado tiene consecuencias en sus definiciones. Los autores de la carta recuerdan que en 2009, como director de Promoción de HRW, Malinowski afirmó que en ciertas limitadas circunstancias era legítima la política de la CIA que en inglés se denomina de “Extraordinary Renditions”, es decir “la práctica ilegal de secuestrar y transferir a sospechosos de terrorismo a otros lugares del mundo”, según los firmantes. También mencionan una frase de Malinowski, quien parafraseó el argumento oficial de que llevaría cierto tiempo diseñar una alternativa al envío de sospechosos “para ser torturados en mazmorras extranjeras”. En cambio, agregan, HRW no aplicó el mismo criterio a Venezuela. Recuerdan que en 2012 la organización objetó la candidatura venezolana a integrar el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas porque no “cumplió con normas mínimas aceptables”, lo cual inhabilita a su gobierno para actuar “como una voz creíble en materia de derechos humanos”. Esa comunicación fue firmada en noviembre de 2012 por el director de la sección Américas de HRW, José Miguel Vivanco. En cambio, HRW nunca cuestionó la participación del gobierno estadounidense en el mismo Consejo a pesar del programa global de asesinatos selectivos secretos que practica su gobierno y de la ilegal detención de personas en Guantánamo, dicen los firmantes. Acuerdan con HRW sobre la ilegalidad del uso de misiles por parte de Siria en la guerra civil, pero señalan que Estados Unidos amenazó con el lanzamiento de misiles sobre ese mismo país y la organización permaneció en silencio. Tales ejemplos podrían condonarse “como inconsistencias u omisiones” naturales en cualquier organización grande y con muchas actividades. “Pero la estrecha relación con el gobierno de Estados Unidos impregna estos casos con la apariencia de un conflicto de intereses”, afirman. Entre los suscriptores de la carta están el ex Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas, Hans von Sponeck; su actual Relator Especial para Derechos Humanos en los territorios palestinos, Richard Falk; el director de cine Oliver Stone; el presidente emérito del Centro de Derechos Constitucionales, Michael Ratner, quien denunció al ex ministro de Defensa Donald Rumsfeld por torturas ante tribunales de Francia y Alemania y es el defensor de Julian Assange; los premios Nobel de la Paz Mairead Maguire y Adolfo Pérez Esquivel y el director del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas Mark Weisbrot.