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“Dentro del plazo de seis meses contando a partir de la notificación de la resolución, el Estado argentino deberá rendir a la Corte (CIDH) un informe sobre las medidas tomadas para darle cumplimiento”, recordó el fiscal de Investigaciones Administrativas Manuel Garrido en su escrito, al que Página/12 tuvo acceso exclusivo. El plazo se cumple el 3 de mayo y ése será el día en que el domicilio del comisario retirado (y a punto de ser exonerado) Miguel Angel Espósito volverá a ser escrachado por las organizaciones de derechos humanos, encabezadas por la Correpi, y los familiares de Bulacio. Se concentrarán a partir de las 18.30 en el barrio de Mataderos. Por otra parte, hoy habrá una charla de la abogada María del Carmen Verdú, la fiscal del caso Mónica Cuñarro y Sofía Tiscornia, que actuó como perito durante la investigación de la muerte de Walter. La organiza la secretaría de derechos humanos de la Facultad de Derecho de la UBA y tendrá lugar a las 18.30 en el aula 1 de la facultad, Figueroa Alcorta y Pueyrredón.