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“Los que quieren asustarnos con la hiperinflación son los mismos que con las políticas aplicadas durante la última década nos llevaron a la hiperrecesión y al hiperdesempleo”, afirmó ayer, desde España, el ministro Roberto Lavagna a Página/12. Así, sin mencionarlo, respondió a las críticas de los funcionarios del Banco Central y del establishment financiero, que descalifican su plan para salir del corralito con el argumento de que desembocaría en la hiperinflación. También dijo que el Gobierno ya hizo “parte de los deberes que tenía que hacer” y que por eso el Fondo Monetario empezó a dar “señales directas o indirectas” de que está próximo un acuerdo.
En los últimos días estallaron las diferencias de criterio que hasta ahora mantenían en privado Lavagna y Mario Blejer sobre cómo salir del corralito. El titular del Central avaló a los bancos extranjeros, que bocharon el proyecto del ministro de canjear los plazos fijos con un bono no sólo garantizado por el Estado sino también por los propios bancos. Y descalificó, a través de sus colaboradores, la nueva propuesta de Lavagna de un bono optativo para los plazos fijos, que podrían también ser utilizados para la compra de viviendas en construcción y autos cero kilómetro. Blejer y el FMI consideran que esa vía lleva la hiperinflación y presionan para que el Gobierno regrese al Plan Bonex original de Remes Lenicov: es decir, un bono público compulsivo a 10 años para todos los depositantes con plazos fijos reprogramados.
En el equipo de Lavagna consideran que esa salida es “insostenible política y jurídicamente”, como lo expresó el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen. El martes la número dos del Fondo Monetario, Anne Krueger, había reclamado por la vuelta del Plan Bonex de Remes, en línea con las aspiraciones de Blejer. La declaración de guerra abierta de Nielsen echó a rodar los rumores de su renuncia. Pero la orden del ministro, desde Europa, fue que el funcionario permaneciera en su cargo, como una forma de ratificar su posición. De hecho, el mismo martes el propio Lavagna se comunicó por lo menos tres veces con Krueger, y en todas las oportunidades le dijo que era imposible aprobar el Plan Bonex que pretende el Fondo.
Después de que los bancos se rehusaran a garantizar los bonos con parte de su cartera, el ministro considera que el costo fiscal del Bonex sería exorbitante. Los cálculos que manejan en Economía arrojan unos 45.000 millones de pesos. Dicho costo fiscal surge de dos fuentes. Por un lado, los plazos fijos a canjear por bonos (35.000 millones de pesos) superan los préstamos garantizados en cartera de los bancos (21.000 millones). Por otro lado, el Estado se haría cargo del seguro cambiario, prometiendo a los ahorristas cubrir la diferencia entre el dólar a 1,40 (de los préstamos garantizados) y la cotización al tipo de cambio libre de los nuevos bonos que se entregarían a los depositantes. “Esto es imposible de soportar aún en un plan fiscal optimista para los próximos años”, aseguró un estrecho colaborador de Lavagna. El funcionario reconoció, además, que “el ministro no quiere ser responsable de un festival de bonos que tendrán que pagar los próximos gobiernos”.
El viernes, un alto funcionario del Banco Central concedió una rueda de prensa en la que off the record cargó sin piedad contra el proyecto de Lavagna. Y hasta amenazó con que Blejer explicaría públicamente en el Congreso que ese proyecto “nos lleva a la hiperinflación” si el ministro insistía con la propuesta.
El mismo viernes, enterados de esas declaraciones, los funcionarios de Economía pidieron una explicación al titular del Banco Central, pero éste negó que la rueda de prensa hubiera tenido lugar.
Ayer, desde Europa, Lavagna cargó con todo contra Blejer y los funcionarios del CEMA, vinculados al menemismo, a Roque Fernández y a Pedro Pou, que todavía permanecen en la conducción del Banco Central. De hecho, esta semana el propio Blejer almorzó con Pou y se entrevistó condiputados y ex funcionarios menemistas. Pero para evitar una crisis institucional se cuidó de no mencionarlos abiertamente. Se refirió a los que “aplicaron las políticas de la última década”, aliados de los grandes bancos extranjeros.