Los legisladores de Autodeterminación y Libertad (AyL), Noemí Oliveto y Gerardo Romagnoli, se presentaron ayer espontáneamente ante el juez Juan María Ramos Padilla para rechazar la denuncia que les hizo el abogado y padre de una víctima de Cromañón, José Iglesias. La semana pasada, Iglesias presentó un escrito en el cual sostiene que la Cámara de Empresas de Mantenimiento y Obras Hospitalarias de la República Argentina le pagó una coima de 4.300.000 pesos al gobierno de Aníbal Ibarra como “gratificación” por la renegociación de contratos y que ese dinero fue usado para comprar la renuncia de Romagnoli a la Sala Juzgadora. “La denuncia de Iglesias no tiene una sola prueba de las calumnias que realiza –afirman en su presentación Romagnoli y Oliveto– y confiesa en su presentación que las informaciones le fueron proporcionadas por distintas personas que manifestaron no estar en condiciones de testimoniar.”

Hace unos días los legisladores sostuvieron: “Nos pueden someter a cualquier investigación. Nuestra transparencia es total. No creemos que el denunciante pueda superar una investigación similar”, dejaron entrever. Ayer, en el texto entregado al juez lo dijeron con todas las letras: “El difamador Iglesias es tan burdo en todo lo que montó que ni siquiera ha podido aportar pruebas ni testimonios. Si actúa así es por el respaldo que ha tenido de la corporación política a través de los medios”.

En la denuncia que presentó Iglesias se menciona el supuesto pago de la Cámara de Empresas de Mantenimiento, en una oficina de la Capital, al jefe de Gabinete, Raúl Fernández, y al subsecretario de Gestión, Fernando Calvo. Según su denuncia, los 4.300.000 pesos fueron usados por un operador, de nombre Pablo Ma-ggioli, para pagar la renuncia de Romagnoli. En el mismo texto, Iglesias admite que “hasta el momento no hemos obtenido información sobre el circuito del dinero” y sostiene que “en ilícitos como los que aquí se denuncian resulta casi imposible obtener prueba directa. Esa acreditación generalmente se ve dificultada habida cuenta de que las conductas ilícitas tienen lugar en un ámbito de privacidad”. Oliveto y Romagnoli, al ponerse a disposición del juez, justamente remarcan que se trata de falsas imputaciones, acusan a Iglesias de difamador y afirman que el denunciante es abogado, “por lo que sabe perfectamente que la denuncia es falsa y sin prueba alguna”.