Un puñado de militantes está fisurando el frente de los apoyos a Atilio Alterini en la Universidad de Buenos Aires (UBA), suficientes si los mide a la luz de las reglas imperantes. Los ambientalistas de Entre Ríos son grandes electores en la política exterior. Un grupo reducido de trabajadores del subte movió toda la maquinaria estatal con una peculiar medida de fuerza. La acción directa, desde hace al menos cinco años, suele ser muy redituable en términos políticos. Minorías aguerridas, asambleísticas, han pasado a ser protagonistas intermitentes, pero determinantes de la agenda pública.

El neopiqueterismo amplía su frontera, transgrede el universo de los desempleados o los empleados en negro. Lo ejercitan trabajadores formales y sectores de clase media (como lo son los ambientalistas y la familia universitaria), mutación que debería empezar a generar debates más ricos acerca de los parámetros que justifican la ocupación del espacio público, el veto fáctico a rutinas institucionales o la interrupción de servicios básicos.

Socialmente se ha extendido la aceptación de esa praxis, pues son muchos los que piensan que los poderes del Estado son impotentes para regular la vida social. No todos los argentinos aceptan todas las formas de neopiqueterismo, pero no parecen ser tantos los que no aceptan ninguna.

Ninguna aproximación al tema carecerá de valoración legal, política e ideológica. Asumiendo este marco, el autor de estas líneas siempre sostuvo que los desocupados tenían (y en general conservan) sobrado derecho a hacerse visibles, alienados como están de derechos constitucionales básicos, amén de atados de pies y manos para hacerse valer como trabajadores o como colectivo electoral. Y le parece, en cambio, que abusaron de su derecho a peticionar los trabajadores de Smata que el año pasado cortaron una ruta para acelerar el cierre de una convención colectiva en la que tenían buenas chances. Quien tiene reconocimiento legal, un cierto peso económico, una organización reconocida por el Estado no debe, a la ligera, despreciar los modos y ámbitos legales de actuación. El autor de estas líneas reconoce que los dos ejemplos relativamente polares que ha elegido le facilitan un poquito la tarea, que no agotan una casuística muy compleja.

Un ciudadano llamado Nery Bourves ha venido a demostrar, haciendo prosa sin saberlo, cuán intrincado es el ejercicio de la acción directa y el reclamo de representación que suele sustentarlo. Vecino de Colón como los ambientalistas que cortaban el puente en su nombre, Bourves expresó (en el mismo lenguaje que sus coterráneos, por vías de hecho) que no se sentía representado por ellos. La anécdota, que por suerte tuvo una cota baja de violencia física, alude a los riesgos y los límites de las minorías que invocan representatividades no corroboradas. Que los habitantes de Colón damnificaran los intereses de su par, tan similar y cercano a ellos, es una referencia que debería hacer pensar más allá de la anécdota de pago chico.

Los conflictos de intereses, en una sociedad de masas, son muy peliagudos y ariscos a quedar encasillados en opciones maniqueas. El ejemplo de Colón debería alertar acerca de las tensiones de la acción directa y poner bajo la lupa las invocaciones sectoriales de representación.

Puede tomarse como un tópico grave y aventurar que la sociedad se desbarranca hacia modos de luchas facciosas, hobbesianas, que de milagro no derivan en violencia cotidiana. O encomendarse a la autorregulación de los actores sociales movilizados. O hacer algo menos apocalíptico o menos timbero, algo para lo que la comunidad política nacional es muy remolona. Tratar a fondo el problema, discurrirlo, comenzar a discutir reglas nuevas para una realidad que no calza en las normas del pasado, pero cuyo devenir tampoco puede dejarse exclusivamente en manos de particulares.