“La ley secreta 18.302 es incompatible con el estado de derecho, con el espíritu republicano y no cumple con la obligación de dar a publicidad los actos de gobierno”, dijo a Página/12 el juez federal Daniel Rafecas. El año pasado este magistrado le aconsejó al Congreso que derogue las normas que fueron utilizadas para justificar el pago de sobresueldos con fondos reservados y que no estuvieron sujetos a ningún tipo de control ni rendición de cuentas. Lo hizo en un expediente derivado de la investigación de los sobornos en el Senado, donde se analizaba si hubo legisladores que recibieron sobres en negro. Para Rafecas “es polémico que la Justicia dicte la inconstitucionalidad porque puede leerse como una intromisión del Poder Judicial en el ámbito de otros poderes, que no puede ser el que imponga la calidad de las instituciones”. “El camino, a mi entender, es la derogación de estas leyes. Fue lo que hizo el Senado, pero la Cámara de Diputados nunca avanzó. Es una cuestión de transparencia necesaria”, advirtió el juez. “La experiencia de cincuenta años mostró que se las usó para fines perversos y delictivos. Ha sido un uso claramente contraproducente”, afirmó.