El año pasado, cuando estalló el escándalo de las leyes secretas, una de las cuales autorizaba el pago de sobresueldos a los funcionarios, según dijo en su defensa María Julia Alsogaray, el Senado tuvo rápidos reflejos: en plena campaña electoral aprobó un proyecto de ley para derogarlas. Pero la iniciativa se frenó en Diputados. Allí no se concretó la idea de difundir esas normas públicamente.

Tal como había ocurrido con anteriores propuestas en el mismo sentido, el proyecto de la senadora Cristina Fernández de Kirchner, que resumía los de otros legisladores, no avanzó más allá de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Sus autoridades argumentaron que fue responsabilidad de la oposición que no prosperara, porque consideraban que era un tema electoral y no querían avalar una iniciativa del oficialismo.

Sin embargo, en mayo de 2005, el entonces presidente de la Cámara de Diputados, el justicialista Eduardo Camaño, anticipó que se daría a publicidad el contenido de la ley 18.302, sobre el régimen de gastos reservados. Además, informó también que pensaba reunirse con el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, para analizar el contenido del resto de las 89 leyes secretas en poder de la Cámara baja y evaluar la posibilidad de dar a conocer su contenido. Camaño había encargado al secretario parlamentario Eduardo Rollano hacer un estudio sobre estas normas. El funcionario aconsejó mantener en secreto sólo una quincena de las leyes porque consideró que afectaban cuestiones de seguridad, y dar a conocer el resto. Pero esto nunca ocurrió.

En total, en la Argentina fueron sancionadas 141 leyes secretas, de las cuales 89 están en la Cámara de Diputados y el resto en el Senado. La más antigua proviene de 1891 y se refiere a la compra de armamento. Desde 1983 no fueron sancionadas nuevas leyes secretas y las decisiones confidenciales se tomaron mediante decretos del Ejecutivo. Tal es el caso de los aumentos de gastos reservados que recibió la SIDE por encima de lo establecido en el Presupuesto. Por lo tanto, más allá de la publicación de las cuestionadas leyes secretas, el Ejecutivo podrá seguir utilizando esa facultad.