Para financiar la instalación de sus plantas, Botnia y Ence solicitaron créditos a entidades y agentes. Ambas lo hicieron ante la CFI y la Organización Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI), del BM. Daniel Taillant, del Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha), explica que hay “tres niveles distintos” de actores financieros donde la decisión de la CFI suele condicionar al resto. En un segundo nivel están las agencias de crédito a la exportación (que dan garantías) y, en tercero los bancos privados. Botnia pidió en total cerca de 1200 millones de dólares. Busca apoyarse en Finnvera, una agencia estatal; Nordea, un holding escandinavo; y Calyon, que es el brazo de inversiones del Crédit Agricole de Francia. Ence solicitó unos 600 millones de dólares. El pedido se reparte entre el Instituto de Crédito Oficial de España, la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación y el Banco BBVA de España. Todos fueron advertidos por posibles violaciones a la responsabilidad empresaria, los derechos humanos, las políticas de salvaguarda ambiental y a tratados internacionales, en caso de apoyar a las pasteras.