Pese a la impugnación de la Comisión Provincial por la Memoria, el CELS, la asociación Miguel Bru y el CIAJ, el Senado de Buenos Aires prestó acuerdo a la designación de Eduardo Alfredo Alomar como juez de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Nicolás, promovido por el ex gobernador Felipe Solá y su ministro de justicia, Eduardo Di Rocco. El cuerpo se negó a convocar a una audiencia pública en la que se revisaran los antecedentes del candidato y sólo recibió su descargo escrito en una audiencia secreta, a la que ni siquiera asistieron los secretarios. En un nuevo alarde de transparencia republicana, el Senado tampoco acepta hacer públicos los términos de la defensa de Alomar para un control posterior de sus decisiones.

El senado ya había autorizado la designación como jueza del tribunal oral de San Nicolás de la ex fiscal Laura Fernández. En 2004 Alomar y Fernández intervinieron en una causa por torturas a personas privadas de su libertad con picanas eléctricas adquiridas por el gobierno de Solá para gobernar la cárcel por el terror. Alomar rechazó un recurso de hábeas corpus por las condiciones de detención y sostuvo que la investigación del delito correspondía a Fernández. Ambos demoraron la realización de los peritajes médicos hasta que el tiempo transcurrido borrara sus huellas. El caso fue revelado en estas páginas y el gobierno provincial reaccionó con un gesto de propaganda efectista ordenando destruir las picanas eléctricas. Ni Fernández ni Alomar se opusieron y de ese modo se perdieron pruebas significativas para la investigación que nadie quiso realizar. En 2005 Alomar rechazó un hábeas corpus presentado por un preso enfermo de HIV, que ya no podía caminar ni higienizarse y que solicitaba el arresto domiciliario para morir cuidado por su familia. El juez alegó que la defensa oficial ya había interpuesto antes otro recurso similar ante otro juzgado, que también lo rechazó. Además, reprendió al defensor por considerar que el hábeas corpus no era la vía apropiada y le hizo pagar los gastos del proceso, práctica habitual de los jueces durante la dictadura militar con los familiares de los detenidos-desaparecidos. Alomar no solicitó el informe previsto por el artículo 409 del Código Procesal Penal, no escuchó a Blanco en la audiencia establecida en el artículo 412 ni realizó las medidas de prueba solicitadas por el defensor. Sólo pidió un informe al director de la cárcel, en contra de lo prescripto en tratados, convenciones y protocolos internacionales. Esto es una falta grave, según el artículo 420 del mismo código. El Tribunal de Casación de la provincia anuló el pronunciamiento de Alomar, que implicó un trato cruel, inhumano y degradante. Pero ya era tarde: sin ser oído por el juez ni revisado por el perito médico oficial, el preso había muerto, lejos de su familia, sin que se tomara en cuenta su derecho a una muerte digna.

El día en que se trataba el pliego de Laura Fernández la Comisión Provincial por la Memoria y el CELS también se presentaron ante la Comisión de Acuerdos del Senado. Los senadores respondieron que ya contaba con consenso político para la designación. Admitieron que las causas eran graves pero dijeron que no se podía volver atrás con el acuerdo. También dijeron que la conducta de desestimar un caso de torturas sin la debida investigación era la práctica habitual en la provincia y que la investigación de Fernández había sido convalidada por el juez de Garantías, es decir Alomar. En privado varios senadores dijeron que nadie quería enfrentar a Di Rocco, quien fue intendente de San Nicolás y promueve esas candidaturas judiciales, por temor a represalias cuando ellos postulen a sus propios candidatos en sus respectivos departamentos. La foto que acompaña esta nota fue tomada durante la gestión como intendente municipal de Di Rocco, quien posa con uno de sus invitados especiales, el ex dictador Leopoldo Fortunato Galtieri. La foto nunca había sido publicada, por presión de Di Rocco sobre la prensa nicoleña. Esta es una ocasión adecuada, ya que la promoción a importantes cargos judiciales de funcionarios como Alomar y Fernández solicitada por Di Rocco envía un mensaje protector muy claro a los sectores policiales y penitenciarios que siguen empleando los métodos que eran comunes cuando Galtieri era jefe del Ejército.

Hoy y mañana el miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Florentín Meléndez y su secretario general Santiago Cantón visitarán algunas cárceles bonaerenses y luego se reunirán con las autoridades provinciales. Las masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en las ergástulas provinciales han sido denunciadas ante la Comisión y generarán responsabilidad internacional al Estado federal.