El primer condenado fue el policía federal Julio Simón, alias el Turco Julián. El segundo, el comisario bonaerense Miguel Osvaldo Etchecolatz. Tampoco en los próximos juicios, que comenzarán en febrero o marzo, habrá militares en el banquillo de los acusados. Es difícil creer que ello ocurra por casualidad.

En La Plata será juzgado el sacerdote católico apostólico romano Christian von Wernich, capellán de la policía bonaerense implicado en la tortura y asesinato de personas detenidas-desaparecidas. En la Capital, los policías federales Juan Carlos Lapuyole, Carlos Enrique Gallone y Miguel Angel Trimarchi, director de inteligencia y jefes de dos de las Brigadas de la SS Federal, responsables directos de la masacre de Fátima, el asesinato en julio de 1976 de 30 personas que fueron llevadas hasta un paraje en las afueras de Pilar, ejecutadas a tiros y luego dinamitadas. En cambio, siguen esperando las causas del Cuerpo I de Ejército y la ESMA, detenidas en el perverso embudo de la Cámara de Casación Penal. En ese tribunal (poblado de esperpentos, según dijo Arslanian hace quince años en su renuncia como ministro de justicia de Menem) las causas duermen durante años, a la espera de que vencidos todos los plazos sin juicio los imputados recuperen su libertad. Uno de los recursos que aguarda allí se refiere a la constitucionalidad de los indultos. Sin que se pronuncie la Casación, el tema no puede ser discutido por la Corte Suprema de Justicia. Otro versa sobre la constitucionalidad de la ley de nulidad del punto final y de la obediencia debida. La Corte Suprema ya lo resolvió en la causa Poblete, de modo que es inviable una opinión distinta, con lo cual la demora carece de justificación.

En todo el país hay un centenar de causas abiertas. Además de Simón y Etchecolatz fueron condenados tres oficiales del Ejército, por apropiación de hijos de personas detenidas-desaparecidas, un delito que no fue perdonado por las leyes de impunidad. Están bajo arresto 254 militares, policías, penitenciarios y agentes civiles, de los cuales 70 lo cumplen en sus casas. Otros 100 han muerto sin llegar al juicio. Hay 44 que se han fugado para eludir el castigo y otros 44 fueron excarcelados, la mayoría por haber excedido todo plazo razonable en prisión preventiva sin juicio. También se ha dictado la falta de mérito o se ha concedido la libertad provisional a 45 imputados, sobre los cuales siguen las investigaciones. Diez han sido indagados y aún no se conoce la decisión judicial sobre su situación, seis fueron sobreseídos y cinco declarados incapaces, entre ellos el ex almirante Emilio Massera, quien sobrevivió a un accidente cerebro vascular pero sin capacidad para afrontar un proceso.

Esta semana la Cámara Federal de la Capital prorrogó la prisión preventiva del Turco Julián, en una causa por dos centenares de secuestros y torturas. Simón fue condenado a 25 años en agosto de 2006 por el secuestro, tortura y asesinato de José Poblete y Gertrudis Hlaczik, cuya hija Claudia Victoria entregó a un coronel del Ejército que la inscribió como propia. Pero Simón fue sólo uno de los victimarios y los Poblete apenas dos de sus víctimas, en los campos clandestinos de concentración Olimpo, Banco y Atlético, donde centenares de secuestrados fueron martirizados por decenas de represores. Los mismos testigos que declararon el año pasado volverán a ser citados ahora. Esto muestra la importancia de agrupar las causas por campo de concentración. Una de las formas de proteger a los testigos es organizar las causas en forma más racional, para acelerar los procedimientos e impedir que las mismas personas deban repetir una y otra vez su traumática historia y exponerse a los riesgos de la represalia.