Algunos políticos opositores y algunos medios de comunicación pretenden que el gobierno de Néstor Kirchner es tan o más corrupto que el de Carlos Menem. Esta homologación de situaciones incomparables tiende a provocar escepticismo y desinterés, escenario propicio para desgastar al gobierno e impedir su continuidad o, al menos, condicionar sus políticas. Corrupción hay en todos los países del mundo, y las diferencias están en qué nivel ocurre y en la conducta institucional cuando se descubre algún episodio.

Al asumir la presidencia, Menem envió al Congreso un proyecto de ampliación de cinco a nueve en el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia, que fue aprobado con la presencia de personas armadas en el recinto de la Cámara de Diputados y cafeteros en las bancas para dar quórum. Estos hechos fueron comprobados en una causa judicial iniciada por el diputado radical Carlos Mosca, pero al concluir su mandato la justicia archivó el expediente aduciendo que el denunciante había perdido su legitimidad como actor en la causa. Menem también consiguió la renuncia de dos de los jueces de la Corte y en una noche creó una mayoría automática de seis jueces sobre nueve. Envió sus pliegos un jueves y el Senado los aprobó el viernes, en sesión secreta de siete minutos sin asistencia de la oposición. Salvo excepciones, los designados fueron socios, amigos, cómplices o parientes del Jefe Supremo de la Nación y de sus funcionarios, como el farmacéutico riojano Julio Nazareno, el presidente de los partidos de tenis Eduardo Moliné O’Connor o el inefable inversor en Luxemburgo Adolfo Vázquez. También amplió de seis a doce el número de juzgados federales en la Capital, presionó el alejamiento de los seis titulares anteriores y designó a los doce nuevos. Además creó una Cámara de Casación Penal y la selección de sus integrantes provocó la renuncia del ministro de Justicia Carlos Arslanian quien dijo que ese tribunal se estaba llenando de esperpentos. Así Menem llegó a controlar nueve de cada diez cargos en el fuero decisivo. En cambio Kirchner, desde el Poder Ejecutivo, y Cristina Fernández, desde el Senado, promovieron un procedimiento transparente para la designación de jueces federales de todos los niveles, desde la primera instancia hasta la Corte Suprema, que incluye una investigación preliminar sobre sus asuntos económicos, un periodo de impugnaciones una vez anunciada cada candidatura y sesiones públicas en el Senado, durante las que deben contestar todas las observaciones que se les formulen. A diferencia de los amigotes de Menem, tanto Ricardo Lorenzetti como Raúl Zaffaroni, Elena Highton y Carmen Argibay son juristas respetados y personas decentes, que jamás protegerían a un funcionario ladrón. Es útil repasar además algunos datos de las causas que han tenido trascendencia pública en los últimos meses. En el caso Techint-Skanska, el uso de facturas falsas fue descubierto y denunciado a la justicia por la AFIP. La subfacturación del embarque de piezas de armas no fue descubierta por el juez Tiscornia sino por la Aduana en ocasión del procedimiento normal de verificación instituido por Kirchner en el decreto 657/05. Cuando el juez federal Guillermo Montenegro citó a declaración indagatoria a Fulvio Madaro y Néstor Ulloa, Kirchner los separó de sus cargos. El mismo día en que el fiscal Marijuán imputó a la ministra de Economía Felisa Miceli, el presidente le pidió la renuncia.