Si bien el primer paso hacia la recomposición del diálogo entre el Gobierno y las máximas autoridades de la Iglesia Católica quedó plasmado ayer en el encuentro que se celebró en la Casa Rosada y en la foto que hoy acompaña las ediciones de todos los diarios, está claro que queda todavía por delante un largo camino hacia lo que puede denominarse como el restablecimiento de relaciones fluidas. Y para transitar ese camino ambas partes tendrán que poner mucho de sí, capacidad y disposición al diálogo, en particular para superar diferencias que resultan inocultables a simple vista. Según muchos conocedores del tema, el primer y difícil escollo tiene que ver con la designación del obispo castrense, por una parte, y con la situación de los capellanes militares, por otra. Como se recordará, hace más de dos años fueron las declaraciones del entonces obispo castrense, Antonio Baseotto, señalando de manera por demás inoportuna al ex ministro de Salud, Ginés González García, lo que desató la reacción del Gobierno hasta el punto de desconocerlo. Pero si la por demás desafortunada intervención de Baseotto y su empecinamiento en reivindicar a los militares violadores de los derechos humanos fueron los detonantes de la crisis, no menos cierto es que en el Gobierno existe la firme decisión de terminar con la institución de los capellanes militares. Máxime después de la condena de Christian von Wernich. Pero el camino no es sencillo, porque para ello habrá que reformar el tratado internacional que la Argentina tiene firmado con el Vaticano. En Roma no miran con buenos ojos el asunto pero, en los últimos tiempos, ya han mandado señales favorables para la revisión. En la Conferencia Episcopal Argentina existe –salvo en algunos sectores sumamente retrógrados– la misma disposición. Una cuestión no menor: debe hacerse de manera tal que todos ganen y ninguna de las partes resulte, ante los ojos de la opinión pública, como perdedora en la contienda. Quizá sólo entonces se descongele el acuerdo gubernamental para la designación del obispo castrense. Si el tema de los capellanes es importante para el Gobierno, porque también se vincula con la agenda de los derechos humanos, para la Iglesia no son menos trascendentes cuestiones tales como las políticas de salud, de educación y la continuidad de la colaboración entre Iglesia y Estado en materia social. Todo lo anterior, además de principios, supone disposición de recursos del Estado que la Iglesia utiliza con sus propios criterios.