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Una inédita polémica estalló en el tradicional country Los Lagartos, de Pilar. Su Tribunal de Etica y Disciplina está “juzgando” la conducta de un adolescente de 15 años, pero el padre –que no vive intramuros– cuestiona la legalidad de ese cuerpo para llevar adelante el proceso y lo acusa de constituir “una suerte de Justicia paralela”. El caso reabre el debate sobre la “privatización” de la Justicia en los barrios cerrados, en momentos en que un proyecto de ley que la convalida y les da un poder omnímodo a los consejos de disciplina de cada urbanización amurallada comenzó a discutirse en la Comisión de Legislación General del Senado. Se trata de una iniciativa presentada por la justicialista Hilda “Chiche” González de Duhalde, consensuada con la Federación de Clubes de Campo y Barrios Privados. La entidad, que agrupa a unos cuarenta countries de los más grandes y más cotizados en el mercado inmobiliario, busca desde hace más de una década la sanción de una norma que regularice el funcionamiento de ese tipo de emprendimientos, pero con un régimen especial, con ciertos privilegios.

El caso de Los Lagartos está en pleno trámite. El 13 de abril llegó una notificación al chalet de la madre del adolescente R.T., sobre las “actuaciones” iniciadas por el Tribunal de Etica y Disciplina del club de campo. El sumario se abrió a partir de una denuncia elevada por uno de los vigiladores privados del country. La acusación no es clara ni precisa: simplemente se informa que un guardia lo encontró unas dos semanas antes, el 20 de marzo, junto a un grupo de chicos de entre 14 y 16 años, “circulando en motos y cuatriciclos” y que procedió a sacarles “placas fotográficas” en el marco de los controles internos establecidos por los reglamentos del barrio cerrado. Según el “parte de novedad de seguridad”, firmado por el vigilador Pablo Núñez –a cuya copia accedió Página/12– los jóvenes le dijeron “en un tono amenazante” que debía suspender la toma de fotos.

El padre de R.T. es abogado. Se llama Roberto Oscar V. Terrile y considera que ese tribunal no tiene atribuciones para juzgar la conducta de su hijo ni la de ningún vecino de Los Lagartos. En una carta enviada al presidente del country, Héctor Lucio Ruiz, Terrile fundamentó su posición. “La Sociedad Anónima que Ud. preside se rige por la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales, y no autoriza la creación de Tribunal alguno para juzgar a sus socios. Menos aún a los hijos de sus socios y menos aún si éstos son menores de edad. En Argentina, solamente el Poder Judicial tiene facultades judiciales, salvo que el Legislativo autorice a otras organizaciones y por ley a crear sus propios tribunales. Así, por ejemplo, se ha reconocido la legitimidad de los tribunales de las organizaciones como los colegios de abogados o de la Asociación de Fútbol Argentino, etc.”, señaló Terrile en la nota dirigida a Ruiz. Para Terrile esta “ley propia” que impera en el country “configura un hecho ilícito en virtud de que nadie puede asumir o ejercer funciones públicas, como lo es administrar justicia, sin título o nombramiento expedido por la autoridad competente, según lo establece el artículo 246, inciso 1º del Código Penal”, señaló el abogado a Página/12. Y adelantó que analiza denunciar al country en la Justicia. “Mi hijo no tiene moto ni cuatriciclo y ese día, además, no conducía ningún vehículo”, agregó. Terrile está divorciado de la madre de su hijo y no vive en Los Lagartos.

En su Reglamento Interno, Los Lagartos deja asentado que se arroga “el ejercicio del poder de policía” respecto “de la circulación en las vías interiores”. “Para conducir cualquier vehículo automotor, de cualquier clase y categoría, deberán cumplirse los requisitos establecidos en las leyes vigentes y contarse con la licencia habilitante, considerándose falta grave a la seguridad hacerlo de otra manera”, establece el reglamento.

“Está claro que los menores de 16 años no pueden conducir motos y cuatriciclos, es una contravención grave, pero el country no puede hacer justicia por mano propia, aunque la mano propia sea un ente creado por la institución. Lo único que puede hacer es denunciar el hecho a la policía como en el caso de ruidos molestos. Los tribunales de disciplina no tienen ninguna validez. Pueden desde el country llamarles la atención a los adolescentes si no cumplen alguna disposición de convivencia, como jugar al fútbol en un espacio que no está permitido, pero no pueden pasarse de esa raya”, opinó la asesora general tutelar de la ciudad de Buenos Aires, Laura Musa, al ser consultada por este diario.

Policía interna

Los Lagartos tiene casi cuarenta años de antigüedad: fue fundado en 1969. Es uno de los countries más tradicionales de la zona de Pilar. Supo ser propietario de una parcela Víctor Alderete, el ultramenemista que ocupó la presidencia del PAMI; y también lo eligió Miguel Angel Toma, el ex jefe de la SIDE. En las inmobiliarias de la zona no niegan que existen sospechas de que allí no aceptan como socios a miembros de la comunidad judía. En sus doscientas hectáreas viven alrededor de 750 familias –algunas van sólo los fines de semana–, hay dos canchas de polo, unas treinta de tenis, tres de golf de nueve hoyos cada una, dos de fútbol, ocho de hockey, dos de básquet, otras dos de vóley, gimnasios y piscinas.

Su Tribunal de Etica y Disciplina tiene siete miembros titulares. Todos son varones. Tres son abogados; uno de ellos, Bautista Kuyumdjian, es el presidente. En diálogo con Página/12, Kuyumdjian defendió la legalidad del cuerpo para juzgar la “inconducta” de los copropietarios del country y de sus hijos. “El Tribunal de Etica y Disciplina está estructurado en conformidad al reglamento del club, que está aprobado por la Inspección General de Justicia. Todos los clubes de campo lo tienen”, sostuvo Kuyumdjian.

–¿Qué atribuciones tiene ese tribunal? –le preguntó este diario.

–Hace de policía interna en lo que se refiere al exceso de velocidad, otras infracciones de tránsito como conducir sin registro, o cuando menores de edad manejan cuatriciclos. Tratándose de chicos, en general, son travesuras, rompen farolas, pintan paredes. Hay muchos problemas de vecindad, con los límites de los terrenos, con ruidos molestos, con perros y gatos.

–¿Cómo actúa el tribunal?

–Primero trata de avenir a las partes. Hay todo un procedimiento fijado. Cuando hay una denuncia, se da traslado a las partes, tienen que contestar, ofrecer pruebas, hay previstas audiencias y finalmente el tribunal resuelve. La decisión se vota por mayoría simple y es apelable ante la asamblea de socios. Por mayoría de votos, se revoca o se confirma. En general, a los menores les caben sanciones de suspensión, para que no puedan realizar actividades deportivas (en las áreas comunes).

–¿Alguna vez se cuestionó la legalidad del cuerpo para actuar?

–Es la primera vez. En el 99 por ciento de los casos se acata la decisión del tribunal.

Consorcios

En la Federación de Clubes de Campo y Barrios Privados defienden la legalidad de los tribunales de disciplina de los countries. El secretario de la institución –en la que están asociados Nordelta, San Jorge Village, Maraflores, San Diego, Martindale, Mapuche, Mailing y Tortugas, entre otros– es Juan Carlos Pratesi, jurista y vecino de Los Lagartos. Pratesi fue invitado a la Comisión de Legislación General de la Cámara alta a opinar sobre el proyecto que la misma entidad elaboró y que impulsa la senadora Chiche Duhalde. En los fundamentos de la iniciativa, Duhalde transcribe un artículo publicado por Pratesi en Abogados, la revista del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, en el que elogia su (de ella y de ellos) propuesta legislativa. Todo queda en familia.

“Los countries son como clubes, aunque tengan la forma de una sociedad anónima. Como cualquier club deportivo tienen una forma disciplinaria dada por los pares. Si un chico o un mayor comete alguna falta, están previstas una serie de sanciones, sumarios y procedimientos, que tienen que respetar el derecho a la defensa del imputado. Aun después de que se le imponga algún tipo de sanción, cuando termina el proceso, queda abierta la vía judicial para reclamar”, argumentó Jorge Juliá, gerente de la Federación.

–Pero todavía no hay legislación que avale el accionar de estos tribunales –le planteó este diario.

–No está legislado. Es una interpretación jurisprudencial la que hacemos. Pero no es Justicia privada, como dicen algunos porque en última instancia el que actúa es un juez.

Para el abogado Terrile es una falacia, como sostienen algunas voces, decir que existe un vacío legal para regular la conducta de los habitantes de los countries. “Cualquier ciudadano de este país, viva donde viva, cuenta con un completo ordenamiento jurídico que lo protege y ampara si sus derechos son conculcados o violados”, indicó.

La diputada radical Silvana Giúdici tampoco comparte la postura de la Federación. Desde hace varios años, Giúdici viene estudiando el tema. Está convencida de que hace falta una ley que regule la propiedad de los countries, pero considera que “tiene que ser similar a la ley de propiedad horizontal”. Sin más privilegios. “Un tribunal de disciplina es un disparate. Si bien algunos countries pueden parecer un club, no hay que olvidar que se trata de consorcios de propietarios. No pueden de ninguna manera considerarse un gobierno autónomo. No pueden tener tribunal de disciplina y mucho menos juzgar a menores. Va en contra de la Constitución y del Código Civil. Es un despropósito que se piense que dentro de los countries rigen otras leyes y otros jueces”, sostuvo en diálogo con Página/12.

El proceso contra R.T., de 15 años, mientras tanto, sigue en Los Lagartos: pronto será llamado a prestar declaración como imputado de acompañar a sus amigos, todos menores de edad, que al parecer conducían motos y cuatriciclos dentro del country. La discusión seguirá, seguramente en la Justicia ordinaria. El padre promete dar batalla. Otro debate deberá darse en el Congreso.