¿Qué es lo peor que un ser humano puede hacerle a otro? Seguramente no es posible contestar esta pregunta, pero sí percibir su oscura fascinación. Algo de esa oscuridad puede alumbrarse mediante la reconstrucción detallada del delito por el que está detenido el psicólogo Jorge Corsi, especialista en violencias y abusos, además de Marcelo Rocca Clement y Augusto Correa; otro acusado está prófugo. Con la ayuda del fiscal de la causa, Martín Niklison, PáginaI12 ordenó las piezas de una historia de la que es más fácil saber el final que el comienzo: uno solo de los chicos abusados declaró hasta ahora. Se sabe que hubo por lo menos dos más, pero no cuántos en total. Y está constatado que ya hace ocho años, cuando Rocca Clement fue detenido por un caso similar, Corsi estaba relacionado con él.

La prehistoria de la investigación empieza en mayo del año pasado, cuando un chico de 13 años les cuenta a sus padres, con palabras que sólo ellos recordarán para siempre, que ha sido usado sexualmente por cuatro hombres. El 25 de mayo de 2007, los padres del chico hacen la denuncia en una comisaría. Se da intervención a la División Delitos contra Menores de la Policía Federal, que notifica al juzgado de instrucción de turno, el Nº 41, a cargo de María Fontbona de Pombo; interviene la fiscalía de Martín Niklison.

La declaración de la víctima debió esperar porque “el chico estuvo realmente mal. Pasaron dos meses hasta que estuvo en condiciones de declarar, y en ese tiempo tuvo una internación psiquiátrica”, recuerda el fiscal Niklison. Pero la investigación había empezado el primer día. El padre puso a disposición de los investigadores el celular de su hijo y se examinó el registro de las llamadas. Aparecía ya un tal “Geo”.

Cuando el chico pudo declarar, su testimonio se tomó, como indica la ley, ante una psicóloga especializada. Se utilizó una cámara de Gesell, mediante la cual los funcionarios judiciales pudieron presenciar el interrogatorio sin intervenir directamente, y la entrevista quedó registrada “para que la víctima no necesite volver a declarar en el proceso, para que no se vea obligada a volver a hablar del tema”, explica el fiscal. Dos audiencias testimoniales fueron suficientes para completar la declaración del chico, a partir de lo cual “la investigación se aceleró”. El juzgado ordenó la intervención de líneas telefónicas. El primer imputado que pudo identificarse, a partir de la declaración y las escuchas, fue Marcelo Rocca Clement, de 34 años, que ya está procesado por otro hecho cometido hace ocho años (ver aparte).

El chico había conocido a Rocca Clement en el Shopping Abasto, ese mismo verano. Se lo había presentado otro adolescente, de 16 años. Es verosímil que este chico también haya sido víctima del grupo antes. “Será citado como testigo: que pase a ser considerado víctima dependerá de él y de los padres, según hagan o no la denuncia. Es que se trata de un delito de instancia privada, de modo que sólo puede juzgarse si existe denuncia; pero, una vez efectuada la denuncia, pasa a ser delito de acción pública, y la causa continúa en cualquier caso”, explica el fiscal Niklison.

Cuando conoció a Rocca Clement, el chico estaba a su vez con dos compañeros de colegio, pero éstos se alejaron o los abusadores prefirieron dejarlos de lado: “De los tres, eligieron al más vulnerable. Iban seleccionando, como en la película Río místico, donde al que parece más fuerte, dispuesto a hacerles frente, lo dejan ir”, comenta el fiscal.

Por intermedio del amigo de 16 años y de Rocca Clement, el chico conoció al tercer integrante del grupo, Augusto Correa, de 26 años, estudiante de sociología, que trabajaba en el Centro Deportivo Costa Rica, dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Allí, quizás en el vestuario, empezaron los juegos de manos. Pero los encuentros sexuales se iban a producir en otro lugar, según la investigación: el departamento donde vivía el psicólogo Jorge Corsi, de 62 años, en la calle Paraguay. Los otros se encargaban de llevarle los chicos. “A Corsi, las víctimas jamás lo veían fuera de su casa. A Rocca sí: le gustaba el fútbol, los deportes, así se acercaba a los chicos”, cuenta el fiscal, y agrega que las reuniones “no hubieran podido ser en otro lado porque Rocca vivía con los padres y Correa también vivía con su familia”.

El dato fuerte de que “Geo” era Jorge Corsi, profesor en tres universidades, especialista de prestigio internacional en violencia familiar, se obtuvo “a partir de cruces de llamadas entre Rocca y el psicólogo. También se hicieron seguimientos”, recuerda el fiscal. Pero hubo unos días de confusión: “Por un error del padre del chico al trasmitir la información, el domicilio de Corsi, en la calle Paraguay, se consignó en una cuadra equivocada”. Aclarado este error, ya sí, todo coincidía: “La descripción del edificio, del departamento, hasta el gatito que tenía Corsi”.

La acusación sostiene que, en el departamento de Corsi, por lo menos cuatro hombres adultos tenían relaciones con menores varones. El cuarto imputado está prófugo. “El chico dijo que este hombre lo penetró por lo menos una vez –cuenta el fiscal–: por eso está imputado”, al igual que los demás.

En esos meses, agosto y septiembre del año pasado, “los cruces telefónicos hablaban de otros dos menores en danza. Aparentemente, estaban desde antes en contacto con el grupo. Pero no teníamos pruebas de que se estuvieran cometiendo delitos con respecto a ellos”. En septiembre del año pasado, “estábamos en lo que se llama ‘escucha directa’: los policías monitoreaban permanentemente las conversaciones telefónicas: la idea era allanar en el momento en que se diera una reunión, pero esa posibilidad no se dio”.

En diciembre, el fiscal pidió que se concretaran los allanamientos y las detenciones, pero la jueza no accedió en ese momento: “Quería asegurarse de los datos; de hecho ya se había cometido un error con respecto a Corsi. La actitud de la jueza es comprensible: detener a una persona con la exposición pública de Corsi, si no había indicios suficientes, podía ser destruirle la vida. Pero ahora sí, estoy absolutamente seguro de su responsabilidad”.

Hace un mes, el fiscal volvió a insistir. “No se podía demorar más, habiendo menores victimizados.” Esta vez sí, la jueza ordenó a la policía allanar y detener, pero hubo que esperar todavía porque Corsi estaba en España, en uno de sus trabajos de asesoría sobre violencia familiar y abuso infantil.

Finalmente, el miércoles de esta semana se efectuaron las tres detenciones y los allanamientos, donde se secuestraron 12 computadoras, dos de ellas en la casa de Corsi; también se encontraron DVD y fotos. Todos estos materiales están siendo examinados por la División Delitos en Tecnologías de la Policía Federal. En cuanto a las versiones de que los abusadores habrían subido materiales a Internet, “no tenemos nada hasta ahora. El chico dice que le tomaron fotos y lo filmaron con cámara web, de modo que es posible que hayan subido material a la red. Los expertos de la División Tecnologías no debieran tardar más que unos días para efectuar las pericias, y elevarán el informe al juzgado”, cuenta el fiscal.

En cuanto al cuarto imputado, prófugo, no tiene antecedentes penales ni actuación pública. “Pidió exención de prisión; yo me opongo y no hay motivos para que la jueza la conceda”, dice el fiscal. El fiscal había pedido la detención de dos hombres más, pero la jueza no lo aceptó. Uno de ellos tiene 31 años y el otro es un joven de 20 años, que resulta haber sido la víctima en la causa contra Rocca Clement, de 2000: “Después de haber pasado por eso quedó pegado a la situación, pobre chico”, comenta el fiscal. De todos modos, si bien este joven iba a las reuniones en lo de Corsi, “la víctima no dijo que este chico haya tenido relaciones con él”, por lo cual la jueza no encontró mérito para ordenar su detención.

A partir de la indagatoria que se efectuó el jueves, la jueza tiene un plazo de diez días hábiles o 14 días corridos para dictaminar o no el procesamiento. “Sin duda dictará el procesamiento”, prevé el fiscal, que presenta acusación por violación agravada, al haber sido cometida por dos o más personas, y por corrupción de menores; la pena correspondiente es de ocho a 20 años. “A partir de los 12 años de edad, cuando hay consentimiento de la víctima, se considera estupro y no violación, y la pena es menor. Pero, en este caso, la libertad y la voluntad del chico estaban afectadas como para que pudiera consentir. El cuenta que al principio no aceptaba. Según su testimonio, le daban bebidas alcohólicas, en una oportunidad una ‘que lo hizo sentir mal’, y también utilizaban marihuana. Le hacían regalos. Estaba todo armado para derribar su capacidad de decisión”, dice el fiscal.