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El 22 de marzo esta cronista dio cuenta en Página/12 del descubrimiento por parte del Area de la Mujer del municipio de Santa Rosa de las libretas sanitarias exigidas a las “alternadoras” de las “whisquerías” de Santa Rosa. “Cualquier juez al que le interese investigar no tiene más que pedir ese documento público para tirar de un ovillo que no debe ser difícil desarmar”, decía el artículo. El fiscal Marcelo Colombo, coordinador de la Unidad de Asistencia en Secuestro Extorsivo y Trata de Personas de la Procuración General de la Nación, tomó el guante y decidió tirar del ovillo. A través de un oficio requirió los libros donde están asentadas las “alternadoras”, un mecanismo que no es exclusivo de esa ciudad y que se repite en otras localidades del país. El municipio ya le envió 16 carpetas con la información y también un relevamiento de los registros de 2007 y 2008 realizado por el Area de la Mujer, que encabeza Mónica Molina, periodista con larga trayectoria y conocido compromiso en la defensa de los derechos de las mujeres (ver aparte).

Colombo también abrió una investigación preliminar a partir de las declaraciones a Página/12 del ex comisario Hugo Ledesma, que se desempeñó entre 2003 y 2004 como jefe de Migraciones de la Policía de La Pampa. Desde ese puesto, investigó el circuito provincial de la trata para explotación sexual, pero denunció que le boicotearon las pesquisas y le pusieron numerosos obstáculos dentro de la misma fuerza: lo dejaron sin móviles, le rompieron la PC, le negaban allanamientos y hasta recibió amenazas.

El 23 de enero, al día siguiente de la aparición del reportaje, el jefe policial pampeano, comisario retirado Ricardo Baudaux –a quien fundamentalmente apuntaban las acusaciones de Ledesma– se presentó en la Fiscalía Federal de Santa Rosa y pidió a la fiscal Marta Odasso que iniciara una investigación. Ledesma fue citado, ratificó sus dichos y aportó pruebas documentales que –dijo– los avalan.

Pero el hecho de que sea Odasso quien lleve adelante la investigación generó ciertos resquemores en algunas personas vinculadas con la lucha contra la trata de personas, según señalaron diarios locales. Es que la fiscal, ante un operativo realizado a principios de febrero en el local Privado Vip de Santa Rosa y en el cual se detuvo a tres personas, salió a decir públicamente que no era un caso de trata de personas y que las mujeres que estaban trabajando allí, entre ella una joven de Formosa, “lo hacían por propia voluntad”. Esa causa se cerró cuando se dictó una “falta de mérito”.

Para Colombo, uno de los problemas es que fiscales y jueces están realizando una “mala interpretación” de la ley contra la trata, que cumplió un año de vigencia. Y por esa razón están brindando capacitaciones en distintas partes del país a funcionarios del Poder Judicial. La ley diferencia entre víctimas mayores y menores de 18 años. En el caso de las mayores, se debe probar que no dieron su consentimiento para ser explotadas. “Lo que hay que preguntarse es si esa voluntad tuvo algún vicio por ejemplo, el engaño. Aunque una mujer diga: ‘Yo estoy acá porque quiero’, si la captación fue por engaño, si le prometieron que iba a estar en un local con pileta y cobrando un sueldo de 4000 o 5000 pesos, como les suelen decir, y eso no ocurre, hay engaño y es delito. También deben evaluar jueces y fiscales si la víctima está en una situación de vulnerabilidad, porque si tiene cinco hijos y no tiene para darles de comer, se configura ese cuadro y también debe interpretarse que el consentimiento estuvo viciado. Lo mismo si tiene una historia de vida de abuso sexual o su madre también ejercía la prostitución... Son todas situaciones de vulnerabilidad que condicionan el consentimiento”, explicó el fiscal Colombo.