Nada parece haber cambiado. Quizás el sol necesite un velo y el calor sea más denso, quizás el efecto de arrasar tanto campo para entregarlo en prenda a la soja muestre sus efectos no sólo en el grosor de algún bolsillo. Fuera de esto, en Villa Ramallo todo parece seguir igual. La siesta pueblerina, la amplitud verde que rodea el casco urbano, el silencio. Cualquiera diría que si se tratara de imposición de la memoria, hace una década en Villa Ramallo no sucedió nada y nada vino sucediendo todos estos años. Este jueves, este miércoles y jueves –porque desde entonces en Villa Ramallo, el 16 y 17 de septiembre funcionan como dupla inescindible, como principio y fin de todo– se cumplirán diez años del intento de asalto al Banco Nación y del intento de fuga que derivó en fusilamiento.

Y a partir de entonces nada fue igual al día siguiente. De hecho, el caso se dispersó en una multitud de otros casos, de pequeñas historias olvidadas bajo el pesado rótulo abarcador de la masacre. Pocos recordarán que el 25 de septiembre de 2002, después de casi dos meses de audiencias, el Tribunal Oral Federal N° 1 de Rosario condenó a siete de los nueve imputados en la causa 1078, por el asalto a la sucursal. Carlos Sebastián “El Negro” Martínez, el único del trío que ingresó en el banco y sobrevivió, recibió la más dura de todas las condenas: tenía 23 años y le dieron 24. Una vida nueva. Lo responsabilizaron de las muertes del Polenta Hernández, uno de sus socios de trajín, y de dos rehenes, el gerente de la sucursal, Carlos Chaves, y el contador, Carlos Santillán, además de la privación ilegal de la libertad de seis personas, tenencia de armas y explosivos. Al finalizar el juicio, su padre, panadero en San Nicolás, dijo algo cierto: “Mi hijo no mató a nadie”. Hasta el juicio, el Negro estuvo alojado en la Penitenciaría 3, de San Nicolás, y después de la condena pasó a disposición del Servicio Penitenciario Federal. Hoy pasa sus días en la Unidad Federal 7 de Resistencia, Chaco, también conocida como “la peor de todas”.

El cabo primero Aldo Cabral, la pata policial visible en la banda, por entonces miembro del polémico Comando de Patrullas de San Nicolás, recibió 17 años de condena, en lugar de los 25 que pidió el fiscal Eric Warr. Conocía los movimientos policiales. Entregó el handy Yaeschu modulado con la frecuencia policial VHF 159.455, a través del que se dieron garantías a los asaltantes para que se fugaran a través de un corredor supuestamente libre de riesgos policiales. Cabral diseñó el mapa del banco. Hallaron una copia en su casa.

Jorge Andrés Aguilar, voluntario del Ejército y mecánico, recibió 15 años. Mónica Saldaña, 14. Raúl Oscar Mendoza, Norberto “Ojitos” Céspedes y Silvia Vega, 13. Los últimos cinco se encuentran ya en período de salidas transitorias y condicionales. Alberto Aguirre y Angélica Vilchez fueron absueltos por el beneficio de la duda.

Hubo un segundo juicio, resultante de la causa 1080, en la que se enjuició a los responsables del fusilamiento, en el que fueron acribillados Chaves, Santillán y Hernández, y heridos Flora Lacave, esposa del gerente, y Martínez. Se inició el 19 de octubre de 2004 y el 7 de diciembre el mismo Tribunal N° 1 determinó las condenas: de los ocho uniformados acusados, siete fueron condenados, pero sólo dos continúan presos.

Oscar Parodi, suboficial principal del Comando de Patrullas de San Nicolás, recibió 20 años, y lleva la mitad cumplida. Su caso es paradójico. Una bala de su FAL dio muerte a Chaves. Pero al ser detenido dijo que él no había disparado. En una segunda declaración se autoinculpó. Pero antes del juicio pidió protección y sostuvo que un superior suyo había disparado. El sargento del GEO Zárate-Campana Ramón Leiva recibió 18 años, acusado de dar muerte al contador Santillán. Cuando fue detenido, el 12 de abril de 2000, intentó suicidarse. Lleva cumplida la mitad de su condena.

El cabo Carlos Aravena, también del GEO Zárate-Campana, fue condenado por tentativa de homicidio. Una de las balas de su pistola Taurus impactó en Santillán pero no lo mató. Recibió 10 años de condena y está en los umbrales del cumplimiento de pena.

El cabo primero del GEO Zárate-Campana Ramón Sánchez, y Sergio Susperregy, del Grupo Halcón, recibieron 6 años y hace tiempo que quedaron libres. El sargento del Grupo de Infantería de Zárate-Campana Sergio Garea recibió dos años en suspenso y no fue a prisión. Y el comisario inspector Omar Isaías, segundo de la DDI de San Nicolás, el enjuiciado de mayor jerarquía, fue condenado también a dos años de suspenso como responsable del operativo de levantamiento y custodia de pruebas, entre ellas las armas utilizadas, de las cuales apenas se recuperó la tercera parte. Isaías también apuntó hacia arriba cuando dijo que dos altos comisarios, Claudio Smith y Claudio Reynoso, lo entretuvieron 20 minutos en la escuela donde se instaló el comité de crisis, y en esos minutos desapareció del baúl del Polo de Chaves el bolso con el famoso handy.

Ramallo, para las operaciones de la Bonaerense, significó una bisagra, una paulatina revisión de métodos. No por menos represivos sino por el cuidado de los daños. La violencia policial resultó más selectiva y dirigida. Las bandas mixtas continuaron existiendo, pero la especialidad fue rotando hacia los secuestros extorsivos. Los grandes capangas de la Bonaerense empezaron a perder fuerza. Quedó comprobado que el negocio, que siguió existiendo, es más efectivo si no hay golpe de imagen y se produce en silencio.

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