La Legislatura porteña aprobó ayer de forma unánime la Ley de Urbanización de las villas 31 y 31 bis que dispone resolver el extendido pedido de radicación de sus más de 30 mil habitantes con un plan que deberá ser finalizado en 180 días por una mesa “multidisciplinaria y participativa”, integrada por funcionarios públicos de los gobiernos porteño y nacional, académicos y la participación de los delegados de la villa. El organismo también deberá hacer un censo para conocer la cantidad de viviendas necesarias y la orden de prioridades en la entrega. Además, la ley asegura el fin de los desalojos forzosos. “Espero que Macri no vete la ley, porque sería destruir la esperanza de miles de vecinos de lograr una solución adecuada a sus problemas habitacionales”, apuntó el legislador por la Coalición Cívica y autor del proyecto, Facundo Di Filippo.

Entre festejos, Ramón Ojeda, vecino de la Villa 31 e integrante de la Mesa por la Radicación, aseguró: “Lo que queremos es vivir dignamente y para nosotros es un gran logro, una lucha de todos los vecinos. Marca un precedente histórico, pero es una lucha que continúa, aunque desde hoy (por ayer) tenemos una aval para poder discutir seriamente y solucionar los problemas que siempre fueron negados por los gobiernos”.

El proyecto de ley presentado por Di Filippo, a fines de 2008, se basó en un proyecto de investigación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) trabajado en conjunto con los vecinos de la Villa 31 y 31 bis, desde 2002, para delinear un plan de urbanización que respetara el espacio público y la permanencia histórica de los vecinos. Con el espíritu de ese trabajo, la ley contempla la urbanización de ambas villas a través de la elaboración de una propuesta acordada en conjunto por una Mesa de Gestión y Planeamiento Multidisciplinaria y Participativa que deberá ser finalizada en un plazo de 180 días posteriores a la reglamentación de la ley por el gobierno porteño.

La mesa de trabajo quedará constituida en el ámbito del gobierno porteño y será presidida por el titular de la Comisión de Vivienda de la Legislatura local, pero además contempla la participación de organismos del Ejecutivo Nacional, la Defensoría del Pueblo porteña, integrantes de la Cámara de Diputados, el equipo técnico de la UBA y de los vecinos, “debiendo participar de toda aquella decisión que los afecte especialmente”.

La mesa multidisciplinaria deberá, entre otras tareas, controlar la realización del censo poblacional –dentro de los 90 días de la reglamentación de la ley– que dará la pauta de la cantidad de viviendas necesarias y la prioridad de la entrega de las mismas, mientras que se encargará de la regularización catastral y dominial.

Para avanzar en la ejecución del proyecto, la ley contempla dos trabas legales a resolver. La primera es la puesta en práctica de una serie de decretos en el que se contempla la venta de los territorios pertenecientes al Onabe y la regularización dominial. La segunda es la readecuación de proyectos de vías de acceso rápido contemplados para la Ciudad de Buenos Aires, que implicaban la reubicación de las villas.

Según Javier Fernández Castro, técnico del proyecto de la UBA, la implementación de un programa de urbanización permitirá entre cinco y siete años recuperar el 70 por ciento de las casas existentes, mientras que el otro 30 por ciento de las casas deberán ser relocalizadas, dentro del mismo predio, para permitir la apertura de calles y la instalación de servicios de infraestructura. La ley asegura que “la implementación del proyecto no implicará desalojo forzoso”. “Es un proyecto mucho más barato que el de reubicación (propuesto por Mauricio Macri) y que respeta la historia de los 30 mil habitantes”.

Luciana Bercovich, integrante de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la aprobación de la ley “es un reconocimiento al derecho de los vecinos de la villa a vivir dignamente. Ahora hay que esperar la buena voluntad del gobierno porteño y nacional para cumplirla” y en primera instancia adelantó que el hecho de que la ley haya sido aprobada de forma unánime significaría “un costo político muy grande si el gobierno porteño decidiera vetarla”. Sin embargo, Bercovich recordó que “el año pasado se vetó la modificación de la ley de emergencia habitacional, cuando había quedó claro que era una necesidad urgente”.

Según Ojeda, el lunes los vecinos de la villa se movilizarán a la legislatura para estar presentes cuando se vote el presupuesto 2010 en el que el macrismo reduce un 33 por ciento los fondos destinados a vivienda.

Informe: Nahuel Lag.