@Hombres, mujeres y niños que madrugaron durante años para trabajar en alguna de las setenta granjas avícolas que la empresa Nuestra Huella S.A. tiene en el territorio bonaerense, y por las que sus dueños son investigados en la Justicia por “trata de personas” y “trabajo infantil”, se concentraron ayer desde las 5.30 con el respaldo de la organización La Alameda y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) –organizaciones que vienen denunciando el trabajo esclavo– para bloquear el acceso al molino de la empresa, ubicado en la localidad de Pilar. Tras ocho horas de bloqueo, los manifestantes consiguieron que, por primera vez, la delegación del Ministerio de Trabajo bonaerense llamara a una conciliación el miércoles para la reincorporación de dos trabajadoras. Además, la delegación ministerial se comprometió a tomar acciones por la denuncia de que la empresa “contrata grupos familiares con varios hijos para la explotación de los mismos”.

“Una asistente social me recomendó que firme mi renuncia con la promesa de recibir una indemnización. Yo necesitaba la plata, mi hijita estaba enferma y tenía que cuidarla, en la granja me amenazaban con despedirme por abandono de trabajo. Pero de los siete mil pesos que me prometieron sólo me dieron 1400”, denunció la despedida Marisol Díaz Mereles, que trabajó de sol a sol durante dos años con su marido en la granja La Escondida. Un año lo hizo sin sueldo.

Antes del amanecer, unas 80 personas ya estaban ubicadas frente a los tres grandes silos del molino donde la empresa Nuestra Huella S.A. recibe la materia prima para producir el alimento que abastece a las decenas de galpones ubicados en las localidades de Exaltación de la Cruz, Pilar, Mercedes, Capilla del Señor, Lima y Escobar.

La hilera de camiones “bloqueados” se comenzaba a acumular a lo largo de la calle Eucalipto, en una zona rodeada de quintas donde las primeras luces de la mañana dejaban ver padres y niños que recolectaban verduras. La neblina disipada también permitía ver en toda su extensión la granja avícola de Nuestra Huella, que funciona al lado del molino que desnudaba otro problema: “Allí trabaja un hombre de 30 años con toda su familia, pero no va a salir a denunciar nada porque está bajo amenaza”, explicó Agustín Navarro, secretario general de la Unión de Trabajadores de Granjas Avícolas (UTGA), despedido por su participación gremial y con una reincorporación judicial que aún no se efectivizó. Es la misma situación de Oscar Taboada, despedido en enero de 2009.

Después de cinco horas de bloqueo, las respuestas se fueron a buscar a la delegación del Ministerio de Trabajo de Pilar. En la reunión, Navarro no fue reconocido como representante gremial –a pesar de que la inscripción de la UTGA está radicada en la cartera de Trabajo nacional y fue reconocida por las órdenes judiciales de reincorporación–, pero como particular reclamó la reincorporación de las granjeras Díaz Mereles y María Soledad Garzón y solicitó que se realizara un informe de los asistentes sociales Patricia Gautter y Claudia Eramo por “falsas promesas de indemnización y engaño de alta laboral”.

Cuando frente a los silos la situación comenzaba a caldearse por la intensidad del sol y la falta de respuestas llegó la noticia de que el titular de la delegación de Trabajo, Marcelo Martino, llegaría a realizar una inspección para “constatar el conflicto” y llamar a una audiencia de conciliación. Dos horas más tarde y custodiado por tres patrulleros, Martino llegó frente al molino de Nuestra Huella, pero se dirigió directamente adentro del predio para constatar que la familia que allí trabaja –y se escondió durante toda la mañana– lo hacía “normalmente”.

Con la audiencia confirmada para el miércoles, los granjeros despedidos no se conformaron. “Hace dos años que denunciamos la situación de explotación y nadie nos quiere escuchar”, apuntó Mereles, mientras alrededor de Martino, todos los chicos y presentes pedían que se le tomara declaración de la situación de explotación infantil que vivieron. Luego de idas y vueltas, Martino permitió que en la declaración de Navarro –denunciante ante la delegación– se agregara que la empresa “contrata grupos familiares con varios hijos para la explotación de los mismos” y prometió informar de manera inmediata a la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (Copreti).

Informe: Nahuel Lag.