La irrupción policial para contener las piedras se hizo a base de escudos y balas de goma.
Imagen: Leandro Teysseire.

En medio de un operativo en el que se localizaron cuatro talleres textiles clandestinos y fueron detenidas cuatro personas, se disparó ayer un enfrentamiento entre la policía y un grupo de vecinos que, curiosamente, intentaba defender a los dueños y evitar que retiraran las maquinarias y prendas de uno de los locales allanados en Villa Celina, partido de La Matanza. De un lado piedras y del otro balas de goma para intentar pacificar. El incidente se originó frente a uno de los cuatro talleres clandestinos identificados durante el operativo. Fueron realizados ocho allanamientos en total. En el local de los disturbios, ubicado sobre la calle Strangford 1875, colectora mano hacia la Capital de la Autopista Ricchieri, fue detenida una persona señalada por la policía como responsable y acusada de “violación a la ley de marcas, trabajo esclavo y explotación infantil agravada por el vínculo, ya que quien estaba a la cabeza del negocio era el tío del menor, de 15 años, que lo había traído de Perú”, explicó a Página/12 Esteban Lofeudo, de la DDI de La Matanza. Del otro lado, los vecinos pedían explicaciones: “Esta es una familia que trabaja en su casa, la policía vino a sacarle dinero que no tenían y le cerraron el lugar”, denunció María, una vecina.

Según explicó a este diario el jefe de la DDI de La Matanza, Marcelo Cheberiau, fueron realizados ocho allanamientos durante los que fueron descubiertos cuatro talleres clandestinos, en los que fabricaban indumentaria informal y deportiva, dos en la localidad de Villa Celina y dos en Laferrere. En el operativo también fue identificado un local de San Justo que funcionaba como boca de expendio de esa mercadería. “Se halló una importante cantidad de ropa confeccionada y maquinarias”, incluso para falsificación de marcas, informó Cheberiau. Además “se identificaron 20 personas, 14 de ellas extranjeros indocumentados. La particularidad de la situación es que entre ellos había un menor de 15 años”, indicó Cheberiau. También “se dieron con los cuatro responsables de cada uno de los locales –tres extranjeros y un argentino–, que fueron trasladados a la DDI”, aseguró.

Las casas donde funcionaban estos talleres “pertenecían a distintos dueños, pero al parecer trabajaban conectados”, indicó Lofeudo. Enfrente de una de ellas detonó el enfrentamiento. Mientras la policía completaba el operativo en el inmueble sobre la calle Strangford 1875 y mantenía demoradas en su interior a las siete personas que trabajaban y vivían allí, los vecinos se agolparon en la puerta. Javier vive cerca del lugar y aseguró estar acostumbrado “al maltrato y la irrupción de la policía en el barrio. Esta no es la primera vez que pasa. Es habitual que la policía pida coimas, por ejemplo 15 mil, 20 mil pesos, a muchos de los que viven en el barrio. Alrededor de esa suma es lo que le estaban pidiendo a esta familia”.

María dijo que conocía a los residentes de Strangford 1875: “Es una familia de peruanos que trabaja en su casa. No es como dicen que están esclavizados, necesitan trabajar, pero como no tienen documentos, no pueden poner el negocio en blanco”. Entre los vecinos había total coincidencia. Julio César, otro de los que protestaban, señaló que “hay mucho abuso y discriminación de la policía; es que en el barrio vivimos muchos extranjeros, peruanos, bolivianos y paraguayos”.

La gente iba y venía porque a la vuelta del taller en cuestión, sobre la calle Alvarez 2145, se desarrollaba el allanamiento a otro de los locales textiles clandestinos.

La calle fue ocupada por la gente mientras una fila de policías con escudos custodiaba la puerta de la casa de Strangford. Pasaban las horas y los vecinos continuaban pidiendo explicaciones: “¿Por qué se castiga de esa forma? ¿Qué es lo que buscan ahora?”, se le escuchó gritar a un hombre, en medio del centenar de personas.

De tanto en tanto, la policía aportaba más detalles sobre la situación. “En este lugar funcionaba lo que se llama el ‘sistema de camas calientes’, es decir, que trabajaban y se alojaban en este mismo lugar. Además recibían una cantidad muy pobre de dinero” por sus tareas, informó una fuente policial. Lofeudo detalló a este diario que lo que sucedió particularmente con el lugar donde se produjo el enfrentamiento fue que “se encontraba trabajando un menor de edad, que había llegado al país desde Perú con su hermana de 19 años, traídos por su tío –identificado como el dueño del taller–. Además, todos vivían en ese mismo lugar en condiciones de hacinamiento”.

Según Cheberiau, la situación salió a la luz debido a una investigación que la misma policía viene haciendo hace algunos meses y que luego fue avalada con denuncias anónimas. La causa se tramita en el Juzgado Federal Nº 2 a cargo de Jorge Rodríguez y de los ocho allanamientos participaron, según el jefe de la DDI, “la Policía Bonaerense, la AFIP, Migraciones, la Oficina de Trata de Personas, la Secretaría de Trabajo y el área de Comercio de la Municipalidad”.

Un camión blanco de la Dirección Departamental de Investigaciones de la Matanza, que irrumpió en la escena para llevarse la mercadería y las maquinarias, fue el detonante: los vecinos comenzaron a tomarlo como blanco de sus piedras, después prendieron fuego a neumáticos. Del otro lado, la policía reprimió con balas de goma.

Poco antes, Reinaldo Apaza, secretario general de la Asociación Civil Federativa Boliviana (Acifebol), manifestó a la prensa: “No compartimos la violación a la ley de marcas, mucho menos la trata de personas y la clandestinidad. Pero sabemos que muchas veces la policía irrumpe de forma violenta y que los dueños de los locales deben pagar coimas para seguir funcionando”.

Informe: Rocío Ilama.