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Si una voz anónima no le hubiera advertido a Sergio Burstein que Jorge “Fino” Palacios lo estaba espiando, las escuchas ilegales a Burstein, a Daniel Leonardo, cuñado de Mauricio Macri, al empresario Carlos Avila y a otros abogados, empresarios, esposas y amantes continuarían hasta hoy. De manera que, en primer lugar, habrá que agradecer al anónimo que haya prestado el servicio que llevó a terminar con un delito que se estaba cometiendo.

Tratar de demostrar, como si fuera toda una revelación o una grave denuncia, que esa voz anónima pertenece a alguien de la SIDE o de la Policía Federal es sólo una maniobra para cambiar el eje de la historia. El dato en sí no tiene el menor peso: no es que esos organismos o el gobierno nacional hayan armado una causa judicial falsa. Está totalmente probado que Ciro James –un hombre íntimamente ligado al Fino Palacios–, en combinación con policías misioneros y jueces de esa provincia, armaban expedientes truchos, le ordenaban a la SIDE la intervención de teléfonos y las escuchas las retiraba James. Trascartón, llamaba a Palacios para informarle a su jefe del contenido de lo que hablaban los espiados.

Es decir que lo que Macri y el PRO deberían explicar es por qué la organización de espionaje era encabezada por Palacios, un hombre que estaba a cargo de la Policía Metropolitana, y por Ciro James, vinculado con Fino y contratado en el propio gobierno porteño por 6000 pesos mensuales, sin que se sepa que haya hecho ningún trabajo. Y, más todavía, Macri y el PRO deberían explicar por qué ese equipo, del riñón del Gobierno de la Ciudad, espiaba al cuñado de Macri que, casualmente, estaba envuelto en una pelea familiar con el clan. Fue Daniel Leonardo y no la voz anónima en el teléfono quien dijo ante la Justicia: “Creo sin posibilidad de error que el señor Franco Macri habrá hablado con Mauricio para que violaran mi intimidad por medio de la pinchadura de teléfono”.

Resultó asombroso ayer el abnegado trabajo de investigación de Clarín, aunque resultó todavía mejor la franqueza de La Nación, que reveló que en verdad el macrismo estaba difundiendo la supuesta identidad de un supuesto hombre de la SIDE, Hugo David Alvarez, que sería –según ambos diarios– el que llamó a la casa de Burstein. Desde comienzos de esta semana circularon mails, recibidos por varios periodistas de diferentes medios, que consignaban que Cristian Ritondo, jefe del bloque de legisladores porteños del PRO, difundía el nombre de Alvarez y hasta involucraba a Miguel Angel Toma, ex titular de la SIDE, en la movida.

Las piezas encajan. La semana pasada, la defensa de Macri pidió el apartamiento del juez Norberto Oyarbide de la causa. Entre martes y miércoles, los hombres del PRO difundieron en Clarín y La Nación la identidad del supuesto hombre de la SIDE que llamó a la casa de Burstein. Enseguida, ayer por la tarde, los diputados de Macri pidieron el juicio político del magistrado. Todo apunta a un objetivo primordial: presionar sobre la Sala I de la Cámara Federal, que en las próximas semanas tendrá que decidir si confirma el procesamiento de Macri por integrar una asociación ilícita y escuchar ilegalmente a su cuñado y a un familiar de una víctima de la AMIA. Hasta ahora ese tribunal respaldó toda la investigación judicial e incluso fue el que señaló que debía orientarse hacia los responsables políticos. Cargar y recargar las tintas sobre el juez es el método que utiliza el macrismo para seguir sin dar explicaciones sobre las escuchas.

Armar una causa es poner en un expediente hechos falsos y luego acusar falsamente. Cuando la voz anónima en el teléfono dijo “te están espiando por orden de Fino Palacios” estaba en lo cierto. La operación de espionaje está probada, con más pruebas que las que jamás hubo en una causa sobre espionaje.