Las grabaciones en video obtenidas por cámaras de seguridad y los llamados al 911 podrán ser tomados como prueba en causas judiciales, según una ley sancionada en la Legislatura provincial. La norma, aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados, era uno de los proyectos que envió el Poder Ejecutivo tras el caso Píparo. En los fundamentos de la ley se consignó que el “permanente avance de la tecnología en materia de prevención e investigación de hechos delictivos reclama la revisión de marcos regulatorios para dar respuestas concretas a la ciudadanía y dotar a la Justicia de nuevas herramientas en la investigación de delitos”.