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Desde San Miguel de Tucumán

“Hay algo que termina siendo clave en todo esto: somos una sociedad machista y eso se nota en muchas despedidas de solteros, donde además de amigos, asado, vino y truco, hay putas. Hay que tomar conciencia de que secuestran personas de bajos recursos, pero también gente con instrucción terciaria, como era el caso de Marita Verón. Por eso, si no vemos a Marita como nuestras esposas, como nuestras hermanas y nuestras madres, no vamos a tomar conciencia nunca de este problema.” El mensaje, con el énfasis puesto en las clases medias, lleva la firma de José D’Antonna, uno de los abogados querellantes en el juicio por el secuestro y privación ilegal de la libertad de Marita Verón. En diálogo con Página/12, D’Antonna y sus colegas Carlos Garmendia y Carlos Varela Alvarez coinciden en que en este proceso “más que el caso de Marita, lo que queremos demostrar es que hubo muchas Maritas que ahora son testigos y cuyas declaraciones están sirviendo para demostrar las actividades que desarrollaban cada uno de los trece imputados en esta causa”.

Los querellantes pretenden que en este caso “se apliquen las penas más altas que fija el Código Penal” y que después se abran “otras causas para investigar las responsabilidades institucionales, judiciales, policiales y políticas, que están surgiendo con claridad durante el proceso”.

Garmendia habla de una decena de testigos centrales, en su mayoría mujeres que pasaron por el mismo calvario que le tocó vivir a Marita Verón. Ya se produjeron las declaraciones, conmovedoras, de Fátima M. y Andrea R. El abogado pide reserva de los apellidos, aunque ya fueron publicados y ventilados en el juicio, porque “ellas también fueron víctimas” y siguen siendo estigmatizadas. Fátima denunció que fue secuestrada a los 16 años por el matrimonio Andrés Alejandro González y Daniela Milhein, dos de los imputados en la causa Verón. A Andrea, a los 15 años la llevaron con engaños al prostíbulo Candy, en La Rioja, pero antes estuvo confinada en la casa de Lidia Irma Medina, hoy en el banquillo de los acusados, igual que sus hijos José Gómez, “el famoso Chenga”, como lo definió esta semana una testigo, y Gonzalo José Gómez. La chica dijo que fue secuestrada por el Chenga Gómez y por Carlos Alberto Luna, otro de los acusados.

De los 167 testigos previstos, todavía quedan por declarar cerca de 110. El juicio, al principio, iba a terminar en julio, ahora los plazos se estiraron hasta septiembre y hay quienes piensan que se va a extender hasta enero de 2013, previa suspensión de la feria judicial. “Con las declaraciones de Fátima y Andrea, más la que todavía tienen que prestar Blanca V. (ver aparte) y otras víctimas, creemos que están probados los dos secuestros de Marita Verón”, el primero de ellos ocurrido el 3 de abril de 2002 en San Martín y Paso de los Andes, en la ciudad de Tucumán. En la casa del ahora ex matrimonio González-Milhein, Fátima vio en mayo de 2002 a Marita Verón. Las dos estaban en la misma pieza, ambas empastilladas.

Entre el 5 y el 6 de abril, días después del primer secuestro, Marita se había escapado y fue vista por varios vecinos, primero en el paraje Los Gutiérrez, diez kilómetros al noreste de la ciudad de Tucumán, y luego en La Ramada, en ambos casos sobre la ruta 304. La joven parecía estar drogada. “Fátima y Andrea, además de relatar vejámenes terribles que debieron sufrir, confirmaron los dos secuestros de Marita. Eso se va a profundizar cuando pueda prestar su testimonio Blanca V. (su salud psicofísica es frágil y no está, por ahora, en condiciones de hacerlo)” asegura Garmendia.

“El balance que hacemos de estas primeras semanas (ya van once) del juicio son altamente positivas para nosotros, a pesar de los defensores y su táctica de llevar las cosas, de la cintura para abajo, al juego del barro, como dice Varela”, señaló D’Antonna. Retomando el tema de los dos secuestros, Garmendia agrega que “en el segundo de ellos creemos que está claro que hubo una complicidad por parte de la policía de La Ramada”. Los testimonios indican que dos uniformados la subieron a un auto y se la llevaron. “Otro pilar importante que se ha logrado es el de probar que Marita estuvo en los prostíbulos de La Rioja y que eran prostíbulos, no whisquerías ni boliches, como prefiere decir la defensa.”

En este juicio, como rara vez ocurre, los que llevan el peso de la acusación son los querellantes y no tanto la fiscalía, respaldados por la gigantesca tarea de búsqueda de indicios, pruebas y testigos que hizo durante nueve años Susana Trimarco, la madre de Marita. “La base fundamental en este juicio es la existencia de testimonios directos como prueba y pudimos ratificar esos testimonios en la audiencia, aunque ya estaban en la instrucción” (se refiere a los de Fátima y Andrea). Varela resalta el hecho de que “Andrea, con sus dichos, está demostrando que ella misma fue una esclava sexual de esta gente de La Rioja y que vio a Marita, en agosto y en septiembre de 2003, atravesando por la misma situación que vivía ella”.

Andrea pudo ser liberada, porque hubo un allanamiento policial que fue exitoso, algo que casi nunca ocurría, porque cuando llegaban las patrullas a los prostíbulos riojanos, las chicas ya habían sido sacadas de allí y escondidas en la casa de algún miembro de la organización. Lo que se sospecha es que alguien, desde la misma policía, advertía a los proxenetas sobre el procedimiento. Otros testimonios de esta semana, como el de Norma M., esclavizada en El Desafío, permitió corroborar la presencia allí de “los cuadros medios de la organización, como Doña Claudia (apodo que usaba la imputada María Azucena Márquez, identificada por la testigo en la audiencia, sin vacilación alguna). También aparecieron los nombres de Paola (Cyntia Paola Gaitán, mujer de Luna, acusada también de haber prostituido y explotado a Marita Verón) y del propio Luna”. Varela coincide en que hay que profundizar, en un juicio posterior, las complicidades judiciales, policiales y políticas. “Hay que tener en cuenta que los secuestros ocurren en el 2002, en plena crisis, cuando en La Rioja y en Tucumán había una inserción mucho más fuerte en los poderes públicos de familias como los Ale o los Medina.” Dos de los principales imputados son María Jesús Rivero y su hermano Víctor Angel Rivero. María Jesús fue pareja de Rubén “La Chancha” Ale, miembro de una de las familias más poderosas, en el norte del país, por su vinculación con el delito. En la causa por el secuestro de Marita está imputada Lidia Irma Medina, quien le alquilaba a Luna los burdeles Candy y Candilejas. “En esos años del secuestro, los grupos de delincuentes organizados tenían mucho más cobertura judicial, policial y también política”, insiste Varela.

Garmendia considera que el juicio por Marita Verón es “un antes y un después en la investigación sobre la trata de personas, porque Susana Trimarco es responsable de que este tema se haya instalado como un problema en la Argentina y de que se haya sancionado la Ley de Trata”.

Considera que todavía, en la audiencia, “hay testigos que han sido esclavizadas y que, aunque saben que no lo fueron, se resignan a pensar que se prostituyeron por propia voluntad porque no le pusieron una pistola en la cabeza. Yo creo que el negocio de la prostitución siempre ha sido como ahora, como le ocurre a tantas Maritas Verón, pero hay pautas morales, ‘códigos’ como dicen los defensores, para que las víctimas se resignen ante su situación”. En ese contexto, “los operadores judiciales, los funcionarios policiales, tienen ahora que repensar todo porque la lógica con la que se venían manejando es una lógica totalmente equivocada”.

El abogado sostuvo que “las clases medias y altas deben repensar el tema, sobre todo la clase media, que es la que sostiene este negocio, porque si no hubiera clientes, no habría prostitutas”. Para Garmendia esa postura se nota en los defensores de los trece imputados. “El doctor (Roberto) Flores, el otro día, quiso hacer un alegato a favor de la mujer y nos acusó: ‘Ustedes están en contra de la violencia de género’, dijo. Entiendo que quiso decir que estábamos a favor, pero se equivocó porque lo suyo es apenas una pose que adoptan en el juicio. Yo le respondí que sí, que estamos en contra de la violencia de género y por eso acusamos a sus defendidos.” Recuerda otra intervención, en este caso del defensor Carlos Posse: “Una chica dijo que se había prostituido porque no tenía plata para pagar el viaje de regreso a Tucumán y que sus explotadores le habían pagado por prostituirse. El abogado pidió que eso ‘constara en actas’ como si el hecho de que le hubieran pagado fuera una rasgo de humanidad”.

Los querellantes aspiran a llegar a penas que estén “dentro del máximo previsto en el Código Penal para los delitos que se juzgan”, entre ellos el de privación ilegal de la libertad “que mientras Marita Verón no aparezca, se sigue ejecutando y está vigente”. En el caso no puede aplicarse la Ley de Trata porque fue sancionada después de ocurridos los hechos que se investigan. Los querellantes eluden anticipar la estrategia respecto de la calificación del hecho, pero insisten en que quieren “penas altas no por venganza sino por entender que puede haber otra calificación legal más ajustada a la realidad de los hechos” que se juzgan.

D’Antonna retoma la cuestión de las “complicidades judiciales y políticas” y la necesidad de que haya nuevos juicios por Marita Verón. “Eduardo Baclini, el ex secretario de la fiscalía a cargo de la investigación, le pedía a Susana Trimarco que dijera que el responsable del secuestro y el asesinato de Marita era David Catalán, su pareja, así cerrábamos el caso. Ese es el nivel de justicia que había en la época del gobernador Julio Miranda. A eso hay que sumarle la complicidad policial y de algunos miembros del poder político”.

Para D’Antonna “hay una cosa que termina siendo clave: lo que se juzga acá es un problema nuestro, de la sociedad en general. Esta sociedad es machista, por eso en muchas despedidas de soltero contratan putas. Son nuestras bromas de siempre, contra el gallego, contra el moi-she. Nos tenemos que hacer cargo del problema, en forma independiente de las leyes y los juicios. Estamos acostumbrados al término ‘puta’ que termina por ser una cuestión semántica. Hoy mismo, si se vuelve a Buenos Aires por la ruta, vamos a ver cientos de luces rojas de prostíbulos que funcionan con una habilitación, camuflada o no, donde hay policías que pasan por el lugar o no. La única forma de solucionar esto es pensar a Marita Verón como nuestra mujer, como nuestra hija, como nuestra madre. De lo contrario, nunca vamos a tomar conciencia del gravísimo problema que tenemos”.