El juez federal de Orán Raúl Reynoso, procesado en una causa en la que se lo acusa de liderar una “asociación ilícita” que recibía coimas para favorecer a narcotraficantes, fue suspendido en sus funciones y se ordenó que comience el proceso de juicio político en su contra. La decisión fue tomada ayer por el plenario del Consejo de la Magistratura, que sin embargo no lo envío al Jurado de Enjuiciamiento por el presunto amparo a narcos –causa en la que sigue imputado– sino por detener de manera ilegal y mantener en esa situación por más de 20 días al abogado David Ramón Mazzutti, a quien el juez acusó de haberlo amenazado.

El proceso de enjuiciamiento de Reynoso deberá ser resuelto en un plazo de 180 días, tras lo cual se resolverá si se lo destituye o si desestima la acusación y se lo mantiene en el cargo. El plenario del Consejo de la Magistratura, al fallar en contra de Reynoso, aprobó el dictamen acusatorio producido por el consejero Luis María Cabral. Los que votaron a favor de la suspensión del juez federal de Orán fueron Cabral, Angel Rozas, Adriana Donato, Leónidas Moldes, Miguel Piedecasas y Gustavo Valdés; Juan Mahiques se abstuvo y se retiraron sin votar Daniel Candis, Virginia García y Héctor Recalde.

En el paso previo, la Comisión de Disciplina y Acusación votó a favor de la suspensión y el inicio del proceso de remoción del magistrado, que si bien sigue acusado penalmente por cobrar coimas para beneficiar a narcotraficantes, en este caso fue sancionado por la denuncia que hizo en su contra el abogado Mazzutti.

La cuestión que tuvo en cuenta el plenario del Consejo es el expediente 121/2015, caratulado “Mazzutti, David Ramón c/Dr. Reynoso, Raúl Juan (Juez Federal de San Ramón de la Nueva Orán)”. La causa se inició a partir de la denuncia de Mazzutti, quien acusó al ahora suspendido juez de Orán de atropellos e ilegalidades a sus derechos constitucionales al ordenar y hacer efectiva su detención, desde el 24 de diciembre de 2014 y por más de 20 días, sin requerimiento ni intervención del fiscal y sin ser informado de los motivos por los cuales se lo privó de su libertad.

El denunciante imputó a Reynoso por otras irregularidades en las que habría incurrido al disponer medidas investigativas como ordenar su seguimiento, que se realizaran vistas fotográficas y agregar al expediente notas suscriptas por empleados judiciales del tribunal. Le reprochó, además, haber ordenado la detención en una causa caratulada “autores a establecer s/averiguación de delito”.

Mazzutti, ante tal imputación, interpuesto un hábeas corpus el 29 de diciembre de 2014, frente al cual el juez recaratuló la causa acusándolo de los delitos de “amenaza calificada, supuesto ejercicio ilegal de la abogacía y/o usurpación de títulos u honores y lesiones”. Luego de reiterados pedidos de excarcelación, Reynoso se inhibió de seguir entendiendo en la causa, motivo por el cual continuó con su trámite el juez federal número 1 de Salta, Julio Bavio, quien declaró la nulidad de todo lo actuado y dispuso la inmediata libertad de Mazzutti.

Esta fue la situación que analizó el plenario del Consejo, previo a la citación del juez ante la Comisión de Disciplina y Acusación, para escuchar su descargo. Luego del anuncio de la suspensión, Leonidas Moldes, vicepresidente del Consejo, informó a los periodistas que se tuvieron en cuenta “intervenciones incorrectas del magistrado, mal desempeño y algunas cuestiones graves en cuanto a su manera de ejercer la jurisdicción”.

Moldes consideró que en la causa iniciada por Mazzutti “el juez sería probablemente damnificado y el Consejo ha entendido que él debió haberse excusado, no haber tomado intervención, y a su vez debió haber procedido de acuerdo a las leyes procesales, con requerimiento del fiscal, etcétera”. Para el consejero, se trata de “transgresiones graves que no pueden ser pasadas por alto” y que ahora pasarán a la etapa de juicio.

Sobre la causa principal que pesa contra Reynoso, en la que se lo acusa de liderar una asociación ilícita para liberar narcotraficantes, Moldes señaló que Reynoso todavía no ha sido acusado en ese caso; hasta ahora, sólo se le ha dado traslado a las imputaciones. En esta causa, el juez de Orán fue procesado en la causa penal por la posible comisión de los delitos de “asociación ilícita, cohecho y prevaricato” junto a otras seis personas, en el marco de una investigación iniciada por el fiscal federal de Salta Eduardo Villalba, y su par de la Procuraduría de Narcocriminalidad de la Nación (Procunar), Diego Iglesias.

Esta investigación se basa en dos denuncias formuladas por una ex pareja de un narcotraficante y el abogado del foro salteño David Leiva por recibir coimas para favorecer con gestiones judiciales a detenidos por tráfico de drogas. Ahora, el juez oranense deberá dejar su cargo y según el resultado del jury puede ir preso, ya que Bavio, que entiende en la causa por presunta “asociación ilícita”, dispuso su detención cuando lo procesó, pero esa medida quedó en suspenso por los fueros de los que goza Reynoso y que podrían caer si avanza el jury de enjuiciamiento por la denuncia que hizo en su contra el abogado Mazzutti.