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En el Bicentenario de la Independencia y al cumplirse los primeros seis meses del gobierno de Mauricio Macri, el Grupo Ciencia y Técnica Argentina (CyTA), difundió un documento crítico sobre la política económica y social de las actuales autoridades, poniendo el eje en el impacto causado no sólo en el bolsillo de los asalariados sino también en el Conicet, en la universidad pública y en los más importantes proyectos de investigación. Los científicos y técnicos firmantes de la declaración cuestionaron el modelo económico que consiste en la “transferencia de recursos a los sectores concentrados” y el “alineamiento con la política exterior de los Estados Unidos”.

Los firmantes de la declaración del grupo CyTA son Adrián Paenza; Alberto Kornblihtt; Ana Franchi; Andrea Gamarnik; Andrés Kreiner; Carolina Mera; Daniel Filmus; Diego Hurtado; Dora Barrancos; Eduardo Dvorkin; Federico Robledo; Félix Requejo; Graciela Morgade; Hugo

Aimar; Jorge Aliaga; Jorge Geffner; José Paruelo; Juan Pablo Paz; Luis Alberto Quevedo; Marcelo Ruiz, Mirta Susana Iriondo; Osvaldo Uchitel; Pablo Nuñez; Raquel Chan; Roberto Salvarezza; Rolando González-José, y Sandra Carli.

El grupo CyTA sostiene que el bicentenario de la Independencia encuentra al país “en un momento complejo de su historia” porque lo que califica como “una restauración conservadora encabezada por el gobierno” de Macri “no sólo ha impuesto una serie de medidas políticas, económicas y sociales que retrotraen muchas conquistas populares a situaciones reinantes varias décadas” sino que “además pretende borrar toda huella de los valores de solidaridad, ampliación de derechos, movilización popular y dirección política de la economía que caracterizaron a los gobiernos del período 2003-2015”.

Los firmantes del documento señalan que “mediante un discurso típico del marketing publicitario que hace eje en la ‘revolución de la alegría’ y en el vacuo y tramposo concepto de ‘sinceramiento’” el gobierno de Cambiemos “parece querer anular las ideologías y borrar las contradicciones de clase por decreto mientras, por detrás y con mano dura, practica el escarmiento mediante despidos masivos, disciplinamiento ideológico, eliminación de programas sociales en salud, educación y derechos humanos y encarcelamiento de líderes populares como Milagro Sala”.

El documento expresa, en referencia a la política internacional del actual gobierno que “se evidencia un cambio de orientación regional y global caracterizado por el alineamiento con la política exterior de los EE. UU., una vuelta sin restricciones a los mercados financieros internacionales y al librecambismo, el alejamiento de la integración estratégica con países latinoamericanos”. Sobre este punto, se subraya que eso representaba “el camino a una mayor autonomía y a proyectos soberanos”, mientras que el actual “acercamiento a los países que conforman la alianza del Pacífico” opera “en detrimento de la consolidación del Mercosur y la Unasur”.

Subraya la declaración que las actuales políticas de Estado “están consustanciadas con un cambio de modelo económico caracterizado por la transferencia de recursos a sectores concentrados de la economía mediante la eliminación o reducción de las retenciones al agro y a la minería, la disminución de la carga impositiva tanto a los grandes patrimonios como a la distribución de dividendos de las empresas y la liberación del mercado cambiario que acarreó un deterioro del 30-40 por ciento del salario real”.

Al mismo tiempo se señala que con esas políticas “se ha abierto la puerta al capital financiero especulativo y a las importaciones que impactan negativamente sobre la producción nacional, el empleo y la sostenida incorporación de conocimiento y tecnología nacional a la trama productiva”. Por lo expuesto, se afirma que “hoy es posible afirmar que la economía argentina ha ingresado a un ciclo de desindustrialización”.

Los referentes del Grupo CyTA, advierten también que “se pretende reducir el patrimonio del Estado con el vaciamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Anses”. La política oficial ha determinado que “en escasos siete meses” se haya producido “un brutal ajuste que no sólo afecta a los sectores de bajos ingresos sino también a la clase media. Se afirma que ese ajuste fue “instrumentado en particular por un salvaje aumento de tarifas en los servicios públicos” y que su impacto negativo “no fue mitigado por las paritarias que dejan a los salarios muy por debajo del aumento del costo de vida producido por la inflación” que se produjo desde la misma asunción del actual gobierno encabezado por Mauricio Macri.

El pronunciamiento destaca que “todo esto ha llevado a una conspicua caída del consumo, que paradójicamente no ha hecho todavía retroceder a la inflación y ha generado un significativo aumento de la indigencia y la pobreza” en el país. Resaltan que “para llevar a cabo este plan, el actual gobierno cuenta con el apoyo del establishment nacional e internacional y de la mayor parte de los medios periodísticos concentrados, tanto escritos como audiovisuales, que desde la liquidación de la llamada ‘ley de medios’ han consolidado su capacidad de ocultar y distorsionar aspectos de la realidad que afectan sus intereses” sectoriales.

Subrayan que el actual Gobierno “también tiene el apoyo de una gran parte de la corporación judicial, de trayectoria histórica conservadora, y ha sabido cooptar a legisladores supuestamente opositores y propiciar medidas restrictivas a las libertades públicas como el nuevo protocolo de seguridad”. Agrega, al respecto, que “en el terreno de los derechos humanos -sector que el gobierno anterior había encarado como política de Estado convirtiéndola en un ejemplo internacional- se ha producido el desmantelamiento de numerosas instituciones financiadas por el Estado”. En el párrafo siguiente se hace referencia a las declaraciones del ex ministro de Cultura, Darío Lopérfido, y su controvertido discurso minimizando las cifras de detenidos-desaparecidos.

En este sentido, se menciona que “incluso, algunos funcionarios exponen provocativamente su negacionismo sobre los crímenes de la dictadura, reivindicando la teoría de los dos demonios y cerrando las puertas a la investigación de la participación civil y empresarial en el terrorismo de estado implementado entre 1976 y 1983”.

En el mismo plano, se indica que “el decreto que otorga a las Fuerzas Armadas mayor autonomía política y recorta el poder civil converge con las acciones mencionadas”, lo que lleva a señalar que “el plan de este gobierno se propone desconocer todo avance progresista del gobierno anterior culpándolo de la situación actual por la “herencia recibida”, tal como ha resultado evidente en el Informe ‘El estado del Estado’ que, sin apoyarse en fuentes fehacientes, insiste en resaltar las debilidades y rehúsa destacar los logros” de la anterior gestión presidencial.

Sobre este punto, resalta que “sin embargo, en documentos escritos en inglés con el fin de atraer inversiones extranjeras, el gobierno de Macri describe positivamente los parámetros macroeconómicos de la Argentina logrados por el gobierno anterior que incluyen el bajo nivel de desempleo y de endeudamiento externo”. Se pone de manifiesto que “esta contradicción revela que el argumento de la ‘herencia recibida’ es la táctica elegida para justificar el ajuste” aplicado.

En el siguiente párrafo, los firmantes de la declaración reconocen que “en los últimos meses han tomado estado público graves hechos de corrupción acontecidos en el transcurso del gobierno anterior”, sobre los cuales “este espacio expresa su máxima condena (...) sin atenuantes de ningún tipo y aboga por que las investigaciones conduzcan a la identificación de todos los responsables involucrados y a su debido juicio”. En este sentido aclaran que “quienes luchamos por transformaciones sociales de contenido popular no podemos avalar ni justificar ningún tipo de robo ni aprovechamiento delictivo de la función pública”. Por ese motivo, “acciones como las llevadas a cabo por José López, sospechado de haber implementado estafas sistemáticas al Estado, desvirtúan la convicción y voluntad que deben guiar los procesos de cambio social y dañan a quienes, con absoluta honestidad, se comprometen con los mismos”.

Al mismo tiempo, ponen de manifiesto que también advierten que “existe un modus operandi de inusitada gravedad -porque aparece como sistémico y tolerado como natural desde el oficialismo y los medios- que concierne a numerosos referentes de la actual administración e involucra la megaevasión fiscal, el ocultamiento de fondos millonarios en cuentas en el extranjero, y blanqueos de capital hechos ‘a medida’ de los propios funcionarios”.

Se apunta que “estos delitos, a lo largo del tiempo y tomados en su conjunto, involucran cientos de miles de millones de dólares” y agregan por otra parte que “la violación sistemática de la ley de ética pública, poniendo a ex Ceos al frente de numerosas áreas sensibles del Estado, es otra forma grave de corrupción”.

Destacan luego las movilizaciones populares, en repudio a las medidas del actual gobierno, que se realizaron en estos seis meses del año y que constituyen “hechos históricos esperanzadores”. Entre esos hechos mencionan especialmente, entre otros, la marcha de “ni una menos” y el acto en los tribunales de Comodoro Py para acompañar a la ex presidenta Cristina Kirchner.

Respecto del impacto de estas medidas oficiales sobre las políticas en materia de ciencia y tecnología, destacan que “hubo un esfuerzo realizado por el Estado durante el período 2003-2015 que colocó en el centro de la escena al conocimiento como insumo para el desarrollo del país y el bienestar de los ciudadanos”. En este sentido se mencionaron los siguientes aspectos:

- El aumento del presupuesto del Conicet a valores constantes y la expansión de su política de formación de recursos humanos que pasó de 1800 becarios y 3500 investigadores en el 2003 a 10000 becarios y 9000 investigadores en el 2015.

- El incremento de centros de investigación Conicet Universidad que pasaron de 100 en el 2003 a 230 en el 2015 y la construcción de más de 150.000 metros cuadrados de laboratorios.

- El estímulo a la transferencia del conocimiento a la sociedad y la vinculación de los científicos con la comunidad.

- Estudios de la revista Nature dicen que como consecuencia de esas políticas del gobierno anterior, Argentina se encuentra por encima de la media mundial en el impacto internacional de su producción científica.

- El Conicet pasó de la posición 144 que ocupaba en 2009 a la posición 79 en 2014 entre las 5000 instituciones más importantes de Ciencia y Tecnología del mundo.

Se señala luego que el ajuste “ya impactó sobre el sistema de ciencia y tecnología y lo demuestra la incapacidad de los resultados de las paritarias de compensar los efectos de la inflación/devaluación que han reducido grandemente el poder adquisitivo de los estipendios de los becarios y los salarios de los investigadores y personal de apoyo (...) o la nula o insuficiente actualización de subsidios a proyectos de investigación”.

No obstante, advierten que “las peores consecuencias de las acciones y omisiones del nuevo gobierno tienen que ver con la discontinuidad o falta de definición alrededor de los grandes proyectos” tecnológicos impulsados por el gobierno anterior, que no dependían ni hoy dependen del” Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entre los hechos negativos se enumeran: el despido de personal calificado en la industria satelital, lo que provocó la paralización del proyecto Arsat 3; también se frenaron las inversiones en la Plataforma de Televisión Digital Abierta (TDA); y los planes para el desmembramiento y/o privatización de la empresa pública Arsat.

En el sector nuclear, “si bien se avanzó con China en un memorando de entendimiento para la construcción de dos centrales de potencia, no están claras las condiciones de participación de las empresas nacionales”. En el sector de defensa, “además del despido de personal de Fabricaciones Militares y la cancelación del proyecto de fabricación de vagones” se suma “la paralización del proyecto tecnológico SARA (Sistema Aéreo Robótico Argentino), y hay retraso en el plan de radarización del territorio argentino con radares nacionales (militares y meteorológicos)”.

Se recalca, además, que “tampoco hay definiciones claras respecto a dar continuidad al desarrollo del programa de producción pública de medicamentos”, cuya importancia estaba dada en el hecho de que el Estado “no sólo promovía procesos de aprendizaje, articulación y organización dentro del sector de ciencia y tecnología, sino que traccionaba la economía y fortalecía el desarrollo y sostenimiento de las pequeñas y medianas empresas, que representaban en 2015 el 44 por ciento del producto bruto” de la Argentina.

Subrayan también que un capítulo importante del reclamo lo dedican “a las universidades públicas” dado que “Mauricio Macri y su Ministro de Educación, Esteban Bullrich, cuestionan el número de universidades creadas en años anteriores, su autonomía y carácter gratuito y la modalidad vigente de ingreso irrestricto establecida en la Ley de Educación Superior”.

“Mientras el gobierno anterior produjo una fuerte inversión presupuestaria que alcanzó la histórica cifra del 1 por ciento del PBI, el actual gobierno demora el acceso a los montos aprobados en el presupuesto 2016 (51.946.796.000 pesos) y no da cumplimiento a la promesa de un incremento adicional que fuera anunciado en el mes de mayo” de 500 millones de pesos.

Concluyen diciendo que “como científicos y universitarios comprometidos con el presente y el futuro del país, queremos avanzar en la necesaria construcción de un espacio popular, plural y participativo, capaz de enfrentar las medidas y políticas reaccionarias del actual gobierno, recreando la posibilidad de pensar y diseñar un proyecto que se desarrolle sobre la base de políticas inclusivas y soberanas”. Admiten que este proceso “exigirá la confluencia de sectores de diferente procedencia y un análisis crítico y propositivo que, partiendo de lo mucho que se ha logrado en los últimos 12 años, permita rescatar sus importantes logros, identificar sus errores y límites y encarar los desafíos y tareas pendientes”.