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Los integrantes del Comité Asesor del Consejo Nacional de Bioética y Derechos Humanos que funcionó hasta el 10 de diciembre explicaron las razones de su renuncia al cargo, en disidencia con las políticas del gobierno de Mauricio Macri. En la declaración, firmada por Claudio Capuano, Juan Carlos Celhay, Ignacio Maglio, Ricardo Martínez, Víctor Penchaszadeh y María Luisa Pfeiffer, dicen que han dejados sus cargos porque “en el ambiente de corrupción institucional que evidencian las medidas” del Poder Ejecutivo “es imposible desarrollar ninguna tarea de defensa de los derechos humanos sin que de algún modo sea desvirtuada por el contexto”.

Precisan que “ninguna buena voluntad individual, pretendiendo dar cabida a derechos humanos, puede imponerse a un sistema que de por sí los ignora”. Por eso aseguran que “sería una ingenuidad pensar que desde el Consejo podría revertirse cualquiera de las medidas” tomadas por las autoridades nacionales y que lo sería también “creer que la política futura de este gobierno” pueda tener “otro signo”. Los firmantes recuerdan que el Consejo Nacional fue creado, en 2011, por el fallecido ex secretario de Derechos Humanos, Eduardo Duhalde. Los firmantes señalan que “la función de un Consejo Nacional de Bioética” es la de “velar por la defensa del derecho humano a una vida sana” y que tal derecho “supone básicamente el reconocimiento de la dignidad humana como derecho fundamental”. Señalan que eso implica “mucho más que la atención a la enfermedad” porque tiene que ver “con el control ético de las investigaciones biomédicas que se lleven a cabo a nivel nacional y provincial, con la promoción de la salud custodiando el derecho a una alimentación sana y al agua potable”.

Otra de las funciones es “la vigilancia respecto de la igualdad del derecho a los medicamentos, a un ambiente sano, a condiciones de vida que permitan el desarrollo integral de niños, adultos y ancianos” y con el reconocimiento de “la igualdad de derechos”. El texto recuerda que Argentina “ha sido protagonista, junto con otros países de la región, de la redacción de la Declaración de Bioética y Derechos humanos de la Unesco donde todos estos derechos se ven reconocidos ampliamente”.

Los firmantes sostienen que su deseo sería seguir acompañando a los que “promueven en la región y en el mundo” estos derechos, pero “el gobierno al que presuntamente el Comité Asesor del Consejo Nacional de Bioética debiera ‘asesorar’ en cuestiones de salud y bienestar, es el mismo que pone en riesgo el futuro de los habitantes del país al volver a endeudarse en seis meses por cifras inéditas, que ha generado desigualdades evidentes al transferir riqueza de sectores pobres y medios (...) a los más adinerados” y el que “avala con su política económica el desempleo y la disminución de la producción industrial”.

Agregan que esa política lleva al “empobrecimiento de las clases medias y pobres”, situación que es “incluso reconocida por sus propios economistas”. Ese mismo gobierno es el que “desconcierta con marchas y contramarchas respecto de cuestiones tan importantes como pretender nombrar jueces de la Corte Suprema por decreto, y solo da marcha atrás cuando el escándalo generado alcanza proporciones intolerables”.

Ese mismo gobierno es el que “mediante decretos (...) le quita a la sociedad el poder sobre las fuerzas armadas, que aumenta las tarifas de servicios públicos indispensables para la vida, en proporciones insostenibles para los hogares, que desconoce la necesidad de mantener activas fuentes de trabajo de producción nacional como base de una economía sustentable y al mismo tiempo criminaliza la protesta social”. Por lo expuesto, los firmantes de la declaración consideran que “en estas condiciones será imposible cumplir con la misión del Consejo Nacional de Bioética y Derechos Humanos de resguardar, promover y garantizar el derecho a una vida sana de los argentinos, y que permanecer en su Comité Asesor contribuiría a convalidar las políticas contrarias al bienestar de los argentinos que promueve el ejecutivo”.