Los fiscales que investigan el caso del Banco Río pidieron al juez Rafael Sal Lari el procesamiento con prisión preventiva de los detenidos hasta ahora. Las pruebas, que los fiscales consideran “abrumadoras”, van desde el hallazgo de una parte del botín, hasta la red de llamadas telefónicas realizadas entre ellos, el hallazgo de la camioneta usada en toda la operación, la declaración de la mujer despechada, otro testimonio de importancia de identidad reservada, algunos reconocimientos y documentación de distinto tipo. Los fiscales califican los delitos como robo agravado por haberse usado armas y haber actuado en banda, además de privación ilegal de la libertad que sufrieron los rehenes. Habrá que ver qué resolución toma Sal Lari, quien está duramente enfrentado con los fiscales y los investigadores de la Policía Bonaerense, y hasta el momento rechazó muchos pedidos de intervención de teléfonos, allanamientos y detenciones porque consideró que no había elementos suficientes. De todas maneras, el juez firmó las órdenes de captura de los actualmente detenidos y ahora revisará los elementos que existen contra ellos.

A primera vista, las evidencias contra Alberto De la Torre parecen contundentes. Su pareja, Alicia Di Tullio, declaró en su contra, pero el hecho fundamental es que en la casa de su hijo Gastón se encontraron 800.000 dólares y joyas que fueron identificadas por algunos de los damnificados. El celular que, según los fiscales, usó el día del robo al banco estaba a nombre de Fernando Tejada y desde el aparato, cuyos chips se cambiaban, se comunicó con los demás miembros de la banda. En la vivienda de Gastón también se encontró una escopeta recortada que aparece en la filmación del robo al banco.

Las comunicaciones también complicarían la situación de Mario Vittete Sellanes. El habría usado dentro del banco un teléfono a nombre de Mariana Arévalo, desde el cual se comunicó con los demás integrantes de la banda en numerosas oportunidades y llamó a tres teléfonos de Uruguay: el de su padre, el de su hijo y un celular desde el cual se hizo una reserva a su nombre para viajar a Buenos Aires. También hay comunicaciones con dos domicilios porteños, uno de ellos de su ex esposa, en el que se encontró documentación correspondiente al celular que se usó en el robo. Hay otras evidencias que tendrá que evaluar el juez: el reconocimiento que hicieron al menos dos rehenes, el secuestro de una camioneta Ecosport que se habría usado para retirar el motor fuera de borda que movió el gomón más grande y algunos otros trabajos de investigación que presenta el equipo de fiscales armado por el fiscal general de San Isidro, Julio Novo, e integrado por Jorge Apolo, Eduardo Vaiani, Duilio Cámpora y Fabián Brahím. El abogado de Vittete, el Uruguayo, Jacobo Grossman, transmitió lo que dice su cliente: que no estaba en la Argentina en el momento del golpe y que lo vio por televisión.

También las evidencias contra Julián Sallo Echavarría, El Gordo Julián, requerirán de mucho esfuerzo de su defensor para ser refutadas. A diez cuadras de su casa se encontró la camioneta Volkswagen usada para entrar y salir del desagüe y por esa vía acceder al túnel. En su domicilio se halló una cédula verde trucha correspondiente a ese vehículo y habría testigos que lo vieron reiteradamente con la Volkswagen. Además, lo comprometerían las llamadas. A la mujer, Silvia Liliana Fernández, también la vinculan al caso las llamadas y el hecho de que se la detuvo junto a De la Torre. El FBI norteamericano está trabajando con las imágenes del video del robo al banco y la esperanza es que una mayor nitidez permita hacer una superposición digital de la imagen de la mujer que actuó como campana con las fotos de Fernández.

Por último, aunque en los últimos tiempos pasó un poco desapercibido, se dice que Sebastián García Bolster, el ingeniero, habría aportado detalles importantes de lo ocurrido. A él lo comprometen las llamadas telefónicas y, sobre todo, la declaración de dos supuestos amigos que entregaron cada uno 60.000 dólares que el “ingeniero” les dio para invertir poco después del golpe. Además, García Bolster fue reconocido por vecinos de San Isidro que lo vieron reiteradamente en la esquina de Tres Sargentos y Libertad, donde estaba la boca de desagüe por la que se metían los ladrones.

Hasta el momento, ninguno de los detenidos declaró en la causa judicial. Todos se ampararon en su derecho a no declarar. Habrá que ver ahora cuánta fuerza tiene el contragolpe que pondrán en marcha los abogados defensores. En el caso Banco Río, eso sí, la convicción de los criminalistas consultados por este diario es que el jefe, el ideólogo y financista del golpe no está preso. Los detenidos fueron mano de obra del asalto y su procesamiento es de máxima importancia. Si Sal Lari lo dicta, tendrán que estar presos hasta el juicio y en ese juicio afrontan penas que podrían rondar entre los 15 y 20 años de prisión.