Una mujer que trabajaba en una fundación de ayuda a pacientes con leucemia denunció a esa entidad y a un importante laboratorio trasnacional por “explotación de enfermos de leucemia y sus familiares” a fin de “mantener y posicionar la facturación” de un medicamento. La “maniobra” incluiría el “pago de abogados para que inicien recursos de amparo a las obras sociales que no proveen el medicamento” y “la utilización de los enfermos como instrumentos mediáticos”. El laboratorio Novartis, así acusado, contesta que “jamás pagamos a un abogado para que represente a pacientes” y que “no nos consta que haya habido ninguna indicación de ese medicamento –llamado Glivec– a partir de un recurso de amparo”. La presentación –que se tramita en el fuero penal económico– plantearía por primera vez en un caso concreto la acusación formulada por la Asociación de Agentes de Propaganda Médica (publicada en este diario el 1º de octubre pasado), según la cual “los amparos contra obras sociales son motorizados por los laboratorios y forman parte de la promoción del producto”.

La denuncia fue formulada por Zulma Pilar Labraña contra The Max Foundation Argentina y Novartis Argentina S.A. Esa fundación fue creada en Estados Unidos, en 1997, por el argentino Pedro Rivarola, cuyo hijo, llamado Max, había fallecido de leucemia, a fin de ayudar a pacientes con esa enfermedad. En 2001, Novartis Pharma firmó un convenio con la entidad para organizar el Programa Internacional Glivec de Asistencia Gratuita a Pacientes (Gipap), destinado a asegurar la provisión de Glivec –medicamento contra la leucemia mieloide– a pacientes sin acceso al tratamiento. En la Argentina, Zulma Labraña se habría desempeñado en la Fundación Max hasta que “en 2005, me echaron”.

Según la denuncia, “Novartis implementó el plan ‘a la argentina’, es decir, como un plan de ventas enmascarado en un plan social”. La demanda incluye copia de un e-mail que Labraña habría enviado a Rivarola, según el cual una funcionaria de Novartis se había comunicado con ella “para informarme que estoy manejando mal el programa, que mi misión es mediar entre las obras sociales y los pacientes, que mi función no es donar a quien tenga obra social. Yo por mi parte nunca dejé de colaborar en ese sentido, he logrado que la obra social IOSE compre la droga para la paciente C. de 80 años, y que PAMI apruebe al paciente L. A.”.

La demanda incluye también una “minuta de reunión” del 22 de febrero de 2002; habrían participado integrantes de The Max Foundation (TMF) y de Novartis. Según el texto, “existe un número no determinado de pacientes con cobertura social que, estando bajo tratamiento con Glivec, se les suspende la provisión por dificultades financieras de sus obras sociales” y “desde el inicio de las acciones legales (recurso de amparo) hasta la resolución del conflicto, se producen suspensiones de tratamiento de 30 días aproximadamente. En consecuencia, se acuerda: TMF derivará al paciente a la asesoría legal para iniciar los trámites de recurso de amparo ante su obra social; el paciente recibirá una entrega inicial del equivalente a 30 días de tratamiento, plazo estimado de aprobación del recurso de amparo; en caso de prolongarse ese plazo, se continuará entregando la medicación hasta el máximo de 90 días; tan pronto se obtenga la medida cautelar mediante la cual se obliga a la obra social a cubrir el tratamiento de su afiliado y éste reciba el medicamento, se suspenderá la entrega de medicación; los honorarios profesionales del abogado actuante serán abonados por TMF. A su vez, Novartis efectuará una donación a TMF por igual monto; se prevén acciones de prensa a fin de acelerar el éxito de las acciones descriptas”.

Otra copia de e-mail incluida en la demanda, fechada el 30 de octubre de 2004 y atribuida a Inés Arteaga, de The Max Foundation, dice: “Les informo los últimos movimientos de la cuenta del Galicia. Con fecha 14 de octubre deposité un cheque de Novartis por 7082,50, importe que debo pagar por medio de un cheque al abogado que lleva adelante las acciones judiciales de los pacientes. Ese cheque será de

$ 7015,68, ya que el banco descuenta $ 42,50 de impuestos. Cuando lo haga les informaré. Yo voy a tener que hacer estos depósitos de Novartis y estos cheques al abogado todos los meses. Les avisaré cada movimiento”. Página/12 intentó infructuosamente comunicarse con Inés Arteaga.

Según respondió a este diario José María Oribe –asesor en comunicación del área Oncología del laboratorio Novartis–, “a Novartis no le consta ningún caso en que el Glivec haya sido indicado a partir de un recurso de amparo” y destacó que “Novartis jamás le pagó a un abogado” a tal efecto. Oribe señaló que “en la Argentina, el Estado se hace cargo de cubrir la medicación oncológica, por lo cual el programa de entrega gratuita no tendría tanta razón de ser como en otros países. Sin embargo, en 2001 y 2002, en relación con la crisis, se registraron interrupciones en la provisión de medicamentos, y Novartis destinó una provisión de Glivec a cubrir interrupciones; el programa fue administrado por The Max Foundation. Llegó a haber más de cien pacientes beneficiados, de los cuales continúan 70: a éstos, Novartis podría presionarlos para que reclamen al Estado, pero no ha querido hacerlo”. El valor promedio de un tratamiento es, según Oribe, “6000 pesos mensuales”.

La denuncia se tramita en el Juzgado en lo Penal Económico Nº 6, de la Capital Federal, a cargo de Marcelo Aguinsky.