El azar esta vez no benefició a los directores de la Lotería Nacional que, en 2003, aprobaron la concesión de un predio en una de las zonas más caras de Buenos Aires a un precio que la Justicia consideró “irrisorio”. Los ex funcionarios fueron procesados por el delito de “defraudación por administración infiel” en perjuicio del Estado. La decisión la tomó esta semana el juez federal Sergio Torres y alcanza a Carlos Alberto Gallo, que fue presidente de aquel directorio y desde abril es titular del Instituto de Juegos y Apuestas de la Ciudad de Buenos Aires. Tanto Gallo como otros cuatro ex directores recibieron un embargo sobre sus bienes por 400 mil pesos cada uno. También fueron procesados por el mismo delito dos asesores jurídicos de Lotería, actuales empleados de la empresa estatal. Todos habían aprobado extender la concesión del edificio Tattersal y las cinco hectáreas que lo rodean a empresas privadas que explotan un lujoso salón de fiestas y eventos y un exclusivo restaurante. Página/12 había denunciado el caso en noviembre de 2004.

El contrato cuestionado por la Justicia había sido firmado tras una audiencia de mediación, el 15 de mayo de 2003, apenas diez días antes de la asunción del presidente Néstor Kirchner, es decir, cuando el directorio de Lotería designado por el entonces presidente Eduardo Duhalde tenía sus días contados. Ese acuerdo otorgaba en concesión el predio ubicado sobre Avenida del Libertador, junto al Hipódromo de Palermo, a la empresa Tattersal de Palermo SA, cuyo titular es el arquitecto Jorge Bernstein. La firma debía pagar mensualmente la módica suma de 12 mil pesos a la compañía estatal por la explotación de un predio que incluye un lujoso edificio que funciona como salón de fiestas. A su vez, Bernstein subalquila un sector al empresario gastronómico Carlos Dermidjian, dueño de la empresa Bistró SA, que explota los restaurantes Kansas. La concesión era por diez años prorrogable por otros cinco.

La resolución del juez Torres fue consecuencia de una denuncia penal presentada por el titular de la Oficina Anticorrupción, Abel Fleitas Ortiz de Rozas, tras la presentación de un particular, el ex legislador por el Partido Demócrata porteño Marcelo Gey. “Estamos muy satisfechos de que se hayan dictado los procesamientos y esperamos que el año próximo pueda llevarse a cabo el juicio oral y público”, dijo Fleitas a Página/12.

La concesión del Tattersal se hizo sin licitación previa y la mediación que la precedió fue consecuencia de una serie de juicios cruzados entre Lotería, Bernstein y Dermidjian. La concesión ya aparecía como algo irregular desde el comienzo, cuando en 1994, durante la presidencia de Carlos Menem, se le otorgó el predio –también sin licitación– a la Asociación de Fomento Equino. La idea original era que el espacio sería destinado al remate de caballos, pero la asociación sólo instaló allí una oficina y subalquiló el resto a Tattersal SA, que explota un salón de fiestas y convenciones. El lugar fue reformado, pero la mayor parte de la inversión corrió por cuenta de Casa FOA, que en 1998 realizó allí su exposición anual. Tiempo después, a metros del Tattersal, fue demolida una edificación histórica, el Museo de Hipología, construido en 1876, para la construcción de Kansas. El permiso de demolición, se denunció, habría sido falsificado. Cuando la administración de Lotería que llegó en 2001 objetó la concesión, se iniciaron los juicios cruzados que derivaron en el escandaloso acuerdo.

En su resolución, el juez Torres considera que en la concesión cuestionada no hay “ninguna constancia que justifique” los elementos que se tuvieron en cuenta “para fijar un canon irrisorio de 12 mil pesos”. Sostiene que la decisión del directorio “implicaba beneficiar directamente a las empresas encargadas de explotar tales inmuebles, en cuanto podían iniciar la explotación de aquellos locales abonando un monto irrazonable”. Para formular ese juicio, el juez se basa en la tasación que el Organismo Nacional Administrador de Bienes del Estado (Onabe) hizo de esos inmuebles: 30 mil pesos para la locación del Tattersal y 40 mil pesos para el restaurante Kansas.

Para el juez Torres, los imputados actuaron “administrando en forma fraudulenta y en perjuicio de la administración pública. Por eso, les dictó procesamiento, sin prisión preventiva, por el delito de defraudación por administración infiel”, un delito que tiene una pena de entre dos y seis años de prisión.

Los procesados son el abogado Carlos Alberto Gallo, presidente del directorio; Estela Emilia Pérez, Daniel Néstor Fontanella y María Isabel Mateos. También resultaron procesados el gerente y subgerente de asuntos jurídicos de Lotería, Fernando Cintas y Walter Marianetti, quienes todavía siguen trabajando en la empresa estatal. A cada uno de los letrados se les trabó un embargo por 300 mil pesos.

Gallo tiene una larga trayectoria en el mundo de las apuestas: cuando fue designado por Duhalde al frente de la Lotería Nacional, pidió licencia en el Instituto Provincial de Loterías y Casinos de la provincia de Buenos Aires. En abril de este año volvió a la gestión pública de la mano del jefe de Gobierno porteño, Jorge Telerman, quien lo designó al frente del Instituto de Juegos y Apuestas de la Ciudad, cargo que todavía desempeña.

“No es la única denuncia contra este directorio, también lo acusamos por la concesión del casino flotante, pero en esa causa aún no tuvimos procesamientos”, dijo Fleitas a este diario.

–¿Las empresas no tuvieron responsabilidad en esta defraudación? –-preguntó Página/12.

–Ese debería ser el próximo paso en la investigación –respondió el titular de la OA.