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En la causa por el secuestro y homicidio de Diego Peralta, la fiscalía pidió que se le tome declaración indagatoria –como imputado– al jefe de calle del destacamento El Jagüel, sargento Miguel Angel Giménez, quien en el expediente fue señalado como uno de los tres policías que habría intervenido en el hecho. La información fue dada a conocer anoche a Página/12 por Adrián Tenca, abogado defensor del único detenido hasta el momento, José Pablo García. El letrado afirmó que el pedido, de ser aceptado por el juez de la causa, Carlos Ferreiro Pella, significaría “la inmediata detención del sargento Giménez”. Según Tenca, que recién ayer tuvo acceso a la lectura del expediente, hay tres testimonios –entre ellos el de su defendido– que coinciden en señalar la presencia de policías, entre ellos el propio Giménez, en el operativo durante el cual se produjo el secuestro del joven Diego Peralta, el 5 de julio pasado en la localidad de El Jagüel. Ayer, fuentes policiales confirmaron que el sargento Giménez fue trasladado a una seccional de Lomas de Zamora.
“El pedido de la fiscalía figura en el expediente”, aseguró Tenca en diálogo con este diario. Esto contradice lo dicho el martes por el jefe de la Bonaerense, Oscar Sobrado. El funcionario policial, si bien dijo que se esperaban detenciones, aclaró que no le consta que “haya policías involucrados” entre los sospechosos. Tenca informó que a su defendido le hicieron “una prueba de voz” para confirmar si fue él quien hizo tres llamados a la familia Peralta, supuestamente solicitando dinero a cambio de información sobre el paradero del joven. La pericia será realizada por la Gendarmería y sus resultados se conocerán entre mañana y el lunes.
El abogado pedirá que se compare la voz de García con la que aparece en los primeros nueve llamados recibidos por la familia Peralta, entre el 5 y el 19 de julio, “para saber si realmente tuvo que ver con el secuestro”, sostuvo Tenca. En esos llamados, los secuestradores, que inicialmente pedían la exorbitante suma de 200 mil dólares, terminaron acordando el pago de un rescate de 9000 pesos y 2000 dólares. La suma fue entregada por la familia aunque el chico no fue liberado con vida como se había prometido y apareció asesinado el 12 de agosto.
Tenca admitió que “hay un pedido de dinero a cambio de información” en uno de los tres llamados recibidos por la familia el 2 de agosto, día de la detención de García, a quien le adjudican esas comunicaciones, hechas en todos los casos desde un teléfono público que se encuentra cerca de El Jagüel. La única aclaración que hizo Tenca es que “ahora, a través de la pericia de voz, tiene que determinarse fehacientemente que García fue quien hizo esos llamados”. El propio García admitió que se comunicó con Luis Peralta, el padre de Diego, pero afirmó que sólo ofreció darle información, sin pedirle dinero alguno.
“Y en una de las comunicaciones recibidas por la familia –recalcó el abogado defensor–, tal como consta en el expediente, la persona que llama le dice a Luis Peralta que el que sabe donde está Diego es el sargento Giménez”, jefe de calle del Destacamento de El Jagüel. Eso contradice las declaraciones públicas de Luis Peralta, quien dijo que ignoraba la existencia de una imputación contra algún policía.
Una fuente judicial le dijo a este diario que el nombre del sargento Miguel Angel Giménez figura en las primeras fojas del expediente, porque fue introducido en una declaración de Luis Peralta. El papá de Diego les había comentado a los investigadores que en una ocasión Giménez le preguntó si la familia había cobrado “un juicio o una herencia”. Por esa mención fue citado a declarar, pero sólo como testigo y no como imputado, el sargento sospechoso, como ya informó Página/12. La versión sobre esa supuesta herencia habría sido la que llevó a los secuestradores a pedir el descabellado rescate de 200 mil dólares.
En la causa, como adelantó este diario, tanto García como el remisero Fermín Amarilla, que llevaba a Diego al colegio privado El Jagüel en el momento en el que se produjo el hecho, declararon que el secuestro fuerealizado por dos policías uniformados que parecían realizar un operativo de control de tránsito. Hay un tercer testimonio, el de una mujer llamada María Rosa, que también vio a los dos policías que llevaban “uniformes y chalecos antibala”. Según consta en el expediente, Giménez habría estado en el interior de un coche blanco, como supervisando el operativo que hacían tres hombres que se movilizaban en un Senda rojo.
Dos de ellos eran los uniformados y un tercero esperaba al volante del auto. Según la declaración del detenido García, en el auto blanco, además de Giménez, estaban dos jóvenes considerados en el barrio como “chorritos que trabajan para la policía”. Siempre según García, los tres civiles que estaban presentes, junto con los tres policías, son conocidos como “Chino”, “Peluca” y “Marcelo”. Más allá de algunos datos sólo aportados por el único detenido, su relato es coincidente en general con el del remisero Amarilla y la testigo María Rosa, la mujer que fue vista en el lugar del secuestro cuando pasaba en una bicicleta playera de color azul.
Por todas las constancias que hay en la causa, el fiscal Carlos Daneri pidió, la semana pasada, que se le tome declaración indagatoria al sargento Giménez. El pedido todavía no fue resuelto por el juez Ferreiro Pella, a cargo de una causa que avanza muy lentamente. Eso es así desde el comienzo: el remisero Amarilla, testigo de los hechos del 5 de julio, fue llevado al juzgado a declarar un mes después, el 6 de agosto.