Viernes, 25 de enero de 2008 | Hoy
SOCIEDAD › UNA PROPUESTA QUE ACELERA
UN PROYECTO DE SCIOLI PARA LOS PROCESOS JUDICIALES
Que se aceleren los procesos judiciales contra delincuentes sorprendidos “in fraganti” y que se recorten las atribuciones del Tribunal de Casación son los fundamentos de dos proyectos de ley que el gobierno bonaerense enviará a la Legislatura provincial para su tratamiento en las sesiones extraordinarias de febrero en la Cámara de Diputados y el Senado. El primero propone modificar el Código Procesal para que dos audiencias basten para sentenciar a quienes cometen un delito y son detenidos con las manos en la masa. El otro solicita a Casación que sea expeditivo en las casi siete mil causas que tiene en trámite por revisión.
Sin haber concluido aún sus vacaciones, los legisladores ya tienen trabajo esperándolos: los dos proyectos de ley son iniciativas surgidas del seno de la administración del gobernador Daniel Scioli que serán elevadas a tratamiento legislativo durante las sesiones extraordinarias previstas para febrero.
El proyecto para “delincuentes sorprendidos en flagrancia” incorpora una modificación al Código Procesal, por la que se implementarían procesos judiciales que en tan sólo dos audiencias definirán las penas para quienes fueron sorprendidos cometiendo un delito, siempre que se trate de ilícitos con penas inferiores a los 15 años de prisión. El ministro de Gabinete y Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Alberto Pérez, destacó la importancia de “agilizar los juicios demorados” y de “actuar con mayor celeridad” en la Justicia. “Cuando se pide mayor seguridad no sólo se habla del accionar policial, sino también del de la Justicia”, concluyó.
En tanto, el segundo proyecto propone introducir algunas modificaciones en el funcionamiento del Tribunal de Casación, que aspiran a “resolver rápidamente las sentencias que actualmente tienen revisión, que son más de siete mil en trámite”, según indicó el ministro de Justicia, Ricardo Casal. Pérez añadió que “se han logrado los consensos necesarios para la reforma de Casación y para que toda reforma que proponemos en la Justicia penal cuente con el respaldo de magistrados y abogados”.
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