“Se observó un sinnúmero de irregularidades antes, durante y después del juicio que ponen en riesgo la validez de la sentencia. Irregularidades a cargo de la Guardia Urbana, la Fiscalía, el Ayuntamiento, el Juzgado de Instrucción y la Audiencia. La principal fue la denegación de pruebas que arrojaran luz sobre aspectos que quedan en las sombras, como la limpieza del lugar antes de las primeras pericias. Algo especialmente grave puesto que la preselección de los elementos probatorios predetermina la sentencia. El mal trato policial a los detenidos fue otro gravísimo hecho, que también habría tenido que invalidar el proceso cuando no se permitió a los observadores ingresar a la sala. Además, aquellos guardias que terminaban de declarar se encontraban con los que debían hacerlo después en un cuarto contiguo a la sala. La llamada ‘contaminación’ entre testigos es otro hecho que da cuenta de que este juicio debiera ser anulado.”

* Del Observatorio del Sistema Penal y los DD.HH. - Universidad de Barcelona.

JAUME ASENS *.

El prejuicio del tribunal

“Las defensas denunciaron torturas policiales e imparcialidad de la Sala, que tuvo excesivo conocimientos pre-juicio, por ser el tribunal que llevó adelante las instrucciones en la causa desde que los acusados fueron detenidos. Las razones para los reclamos de las defensas están fundadas en que fue este tribunal el que ratificó la prisión a los imputados y el que desestimó las peticiones de pruebas y testigos de los imputados durante la instrucción. Esto altera por completo el principio de presunción de la inocencia, que debiera ser propio de un Estado de derecho. La Comisión de Defensa del Colegio de Abogados considera que asociar el hecho de pertenecer a un colectivo social (los okupas) –al que de hecho estos jóvenes no pertenecían– con ser un delincuente representa un juicio de valor criminalizador incompatible con la imparcialidad equidistante que defendemos como idea de lo que es la Justicia.”

* De la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona.

“Ya en principio los guardias declararon haberlos detenido ‘por instinto’, lo que implica que un policía es capaz de reconocer a un delincuente por su aspecto físico. Esto da cuenta de una discriminación hacia un grupo al que, en realidad, estos chicos no pertenecen (los okupas), que establece un precedente de discriminación jurídica. Lo que me tocó observar fue una demostración de racismo de Estado, asentado en la policía y la Justicia catalana. La misma Barcelona que históricamente acogió a cuanta persona fue perseguida en su país y siempre fue cosmopolita. Realmente increíble, los condenaron por un atentado a la fuerza pública, un delito muy grave aquí a partir de la Ley Antiterrorista, algo absurdo. Más incluso que la detención de los chicos en el hospital porque ‘parecían okupas’. En resumen, el juicio no fue más que un guión repetido hasta la saciedad, armado por la Guardia Urbana y aprendido de memoria por todos.”

* Comisión de Derechos Humanos de CTA - Barcelona.