Las infracciones que pongan en riesgo la vida de las personas ya no se resolverán solo poniendo plata: la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires aprobó la instauración del sistema “de evaluación permanente”, con puntaje, para ese nivel de faltas de tránsito. Veinticinco de las 68 infracciones del Código de Faltas entrarán en el scoring. La nueva normativa –que cuenta con el acuerdo de casi todos los sectores del legislativo porteño– entraría en vigencia seis meses después de promulgada la ley, luego de una campaña de “información y concientización” que estará a cargo del gobierno porteño. Cada conductor –como anticipó Página/12 el viernes pasado– dispondrá inicialmente de 20 puntos, que deberán durarle dos años: por correr “picadas” perderá los 20 y se le suspenderá la licencia; por exceso de velocidad, se le retirarán 10; por violación de semáforo perderá cinco puntos; por llevar chicos en el asiento delantero, cuatro puntos menos; por no usar cinturón de seguridad, dos puntos. En contrapartida, los buenos conductores no tendrán que pagar por la licencia al renovarla. Sobre todo en los primeros tiempos de vigencia de la ley, se ofrecen diversas instancias para “redimir” puntos perdidos: cumplido el primer año, el puntaje vuelve a 20, y la primera inhabilitación puede ser reemplazada por un curso de educación vial.

“Es público el malestar de la sociedad frente a los trágicos resultados de la conducta vial actual de los integrantes del sistema de tránsito”, advierten los considerandos de la ley que dispone la creación del Sistema de Evaluación Permanente de Conductores de la Ciudad de Buenos Aires. Este “establece un sistema de puntajes para todos los conductores, a los que, una vez comprobada una infracción, se les descontarán puntos del total otorgado”. Esto “trae aparejado, como último resultado del sistema, la pérdida de la licencia de conducción”, lo cual “refleja la frustración del nivel de confianza social que se otorgó al conductor”. Al mismo tiempo, “los conductores que nunca hayan alcanzado cero puntos y además no registren descuento de puntos en el último año, gozarán de beneficios: eximirlos de la clase de educación vial y prevención de accidentes previa a la renovación de la licencia” y “la bonificación de la tarifa de renovación”.

En la sesión de ayer, Daniel Amoroso –macrista, presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte– recordó que el sistema de puntaje se aplica con éxito en países como “Francia, Gran Bretaña, Irlanda, Dinamarca, Alemania, Suecia, Italia, España, México, y provincias argentinas como San Juan, Neuquén y algunos municipios de Córdoba”. Y precisó que “en España, durante el primer año de aplicación, hubo un descenso del 14,3 por ciento en la mortalidad por choques: 467 pudieron vivir”. Martín Borrelli, macrista, titular de la Comisión de Justicia, precisó que “de las 68 faltas incluidas en el Código de Tránsito, seleccionamos 25 para incluirlas en la evaluación permanente”.

Pablo Failde, kirchnerista, recordó que “en la ciudad de Buenos Aires hubo, en 2007, 234 muertes constatadas por accidentes de tránsito, más las que mueren a posteriori y no se contabilizan”. Silvia La Ruffa –kirchnerista, autora de uno de los proyectos que desembocaron en esta ley–, destacó que “antes de que la ley entre en vigencia, se encomendará al Ejecutivo comunal efectuar una campaña de información destinada a los conductores”. Admitió como “debilidad” en relación con la ley –pero que “no justificaría quedarnos de brazos cruzados”– que “la mitad de los conductores vienen de la provincia de Buenos Aires” y expresó el deseo de que el reciente acuerdo entre el gobierno de la ciudad y el de la provincia “se plasme en un acta compromiso de que ninguno de los dos distritos otorgue licencias a conductores inhabilitados en el otro”. El Bloque Socialista propone que la Legislatura “solicite a la Legislatura bonaerense que en corto plazo implemente también el sistema”.

Martín Hourest, del Movimiento por Buenos Aires, que votó a favor de la ley, señaló, además, la necesidad de intervenir sobre “las estrategias de propaganda de las automotrices, que incentivan circular ‘...a lo que dé”.

Sólo votó en contra Patricia Walsh –del MST Nueva Izquierda–, quien discrepó con la posibilidad de aplicar la experiencia de otros países, ya que “en Francia y en España, el sistema de transporte es público. En la Argentina, los trabajadores del transporte tienen jornadas de 12 y más horas; las empresas les pagan ‘en negro’ la mitad de su salario, condicionado a la cantidad de ‘vueltas’ que manejen: todo esto propicia accidentes”.

La ley fue aprobada después de un largo proceso que incluyó, el 12 de noviembre del año pasado, una movilización de protesta de los gremios del transporte, en la que 22 policías y seis activistas sindicales resultaron heridos. La votación en general fue favorable al sistema de evaluación permanente por 52 votos contra uno. En la madrugada de anoche continuaba la votación punto por punto.