La Legislatura bonaerense trataría hoy el proyecto de reforma al Código Procesal Penal provincial, y según pudo saber este diario, es “muy probable” que el texto se apruebe sin modificaciones. Los cambios incorporan juicios abreviados para delincuentes sorprendidos “in fraganti”, revisan las funciones la Cámara de Casación y desarticulan los tribunales tripartitos para poner a cada juez a disposición de una causa particular. De esa forma, se intenta aportar celeridad a la Justicia bonaerense. Pero para organizaciones de Derechos Humanos y expertos en Derecho, “los cambios propuestos no tuvieron la discusión suficiente y no solucionarán los problemas del sistema penal bonaerense ni mejorarán la seguridad”.

El texto modifica 35 artículos de la Ley 11.922 –Código Procesal Penal– y limita las competencias para el Tribunal de Casación, incorpora la “flagrancia” como figura para acelerar procesos judiciales y apunta a que los fiscales estén más cerca de los hechos que se juzgan. Además, crea 24 nuevas vacantes para jueces y 144 para defensores oficiales. La idea es que los jueces que conforman los tribunales tripartitos se desdoblen para poder atender mayor cantidad de casos. También será facultad de estos jueces decidir si se realizará o no, y en qué casos, un juicio abreviado, medida a la que no podrán oponerse los particulares damnificados sino hasta luego de la sentencia, mediante la instancia de apelación.

Otro punto bastante controversial en el proyecto de ley es el que determina que “las resoluciones que denieguen el recurso de hábeas corpus constituirán sentencias definitivas a los efectos de la interposición del recurso ante la Cámara de Apelación y Garantías”. Es decir que cuando un magistrado rechace un hábeas corpus, no se lo deberá contemplar en otras instancias.

Las críticas más fuertes se hicieron públicas ayer desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), la Comisión Provincial por la Memoria, y la APDH-La Plata y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC). “Estas propuestas siguen concentrando esfuerzos y recursos en los casos que el sistema procesal pena actualmente: los de los sectores más vulnerables de la población”, evaluaron desde el CELS. Se refieren a los “perejiles”, carteristas, punguistas y asaltantes de poca monta. “Pero no se va contra la corrupción de funcionarios públicos, tráfico de estupefacientes y otros delitos complejos”, indicaron. Y opinaron que la tendencia “se agrava con la restricción al hábeas corpus”.