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En su paso por despachos de ministerios y secretarías involucradas en temas de seguridad, Gustavo Sain notó ciertos baches y trabas cuando se abordan investigaciones vinculadas a la web. Actualmente es asesor en delito y nuevas tecnologías de la Dirección Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia y enseguida aclara que no es abogado, sino un licenciado en comunicación muy interesado en la criminología. “Creo que hace falta informar, alertar, intervenir, realizar estudios y posibilitar lugares para denunciar crímenes y conductas indebidas”, evalúa. Pero lo más complejo para avanzar tanto en prevención como en resolución de delitos ocurre a nivel mundial: “Es la discusión que se plantea en la actualidad para que Internet tenga regulación gubernamental manteniendo la neutralidad de la red y permitiendo sostener políticas públicas para garantizar los derechos de los usuarios”, agrega el especialista.

En el prólogo del libro, Martín Becerra destaca este último punto: “Pensar en la regulación y en el delito supone un desafío fundamental, porque la tendencia heredada de la inercia legal analógica promueve regulaciones cada vez más regresivas referidas a los derechos de reproducción de la cultura. Como el caso de los crecientes peajes materiales, físicos y de servicios y aplicaciones en Internet (...) ¿Cómo, entonces, separar esa tendencia de la necesidad de regulación para proteger a los usuarios, para que sean éstos sujetos del derecho en Internet?”.

La discusión ya fue planteada en la Unión Internacional de Telecomunicaciones y en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. “Se trata de analizar cómo los gobiernos deben intervenir para garantizar los derechos de los ciudadanos en una red global con presencia mayoritariamente privada, ese es el debate actual”, argumenta Sain. Para él, la cooperación internacional en materia penal y de investigación criminal si bien es necesaria, no es suficiente. Además, hay una ausencia de consenso acerca de una definición jurídica de la conducta delictiva, falta de conocimientos técnicos para aplicar leyes e investigar por parte de la Justicia, así como convenios de extradición y asistencia recíproca.

¿Qué recomienda a los usuarios de Internet para prevenirse de intrusiones y evitar fraudes?

Para empezar las cosas básicas: instalar buenos antivirus y firewalls. Cuando se hacen trámites de homebanking o pagos por Internet no conectarse desde lugares públicos como cibers o locutorios porque existen mayores riesgos sobre el destino de información privada. En estos casos, algunas computadoras pueden tener aplicaciones llamadas keyloggers (guarda todo lo tecleado en una computadora). Otra cuestión importante para quienes navegan es no bajar aplicaciones gratuitas si no es de un sitio seguro. También conviene borrar periódicamente los registros de navegaciones, es decir, las cookies que instalan ciertos programas. Y por sobre todas las cosas: no brindar información personal, documentos, claves ni números de tarjetas, salvo que se esté en un sitio calificado para eso.

A nivel de la persecución criminal, ¿qué dificultades se plantean para investigar denuncias de los usuarios?

Hay muchas soluciones técnicas, pocas políticas públicas en la materia y muchos vacíos legales. Los gobiernos deben trabajar con las empresas que brindan servicios en Internet para generar entornos seguros en términos de prevención, tanto así como para favorecer la posibilidad de denuncias por parte de los usuarios que se ven afectados en los sitios web. Y a su vez, para preservar los derechos de privacidad de los usuarios, solo se debería acceder por orden judicial a esta información. Existe una gran dificultad sobre la escena del crimen en términos conceptuales, por ejemplo, se puede dar en una computadora de una empresa que aloja un sitio web, el equipo desde donde accedió el infractor o ser ese mismo dispositivo informático el que fue afectado. Por otro lado, se debe poder sancionar a los sitios web que roban información de los usuarios. Hoy es complejo lograr una armonización legislativa para que sea operativa la investigación, teniendo en cuenta lo global del asunto. Lo que puede resultar una conducta ilícita en un país no necesariamente lo es en otro.

Proponer regulaciones es un debate rechazado por buena parte de los ideólogos de la web.

El problema es que detrás de la Internet Society, que es el organismo más importante y defiende el autogobierno de la red, están las grandes empresas que operan en Internet. Ellos son los que más insisten en plantear que cualquier intervención de los gobiernos es censura, pero esa es una falsa dicotomía. Internet fue pensada y diseñada en términos de la seguridad física de las redes de telecomunicaciones para que los mensajes lleguen a destino, no así para la seguridad de los contenidos de las comunicaciones, donde pasan datos personales, información de operaciones financieras, imágenes y fotos personales, entre otros. En este sentido, los gobiernos tienen en rol de generar un entorno seguro, exigiendo algo que las propias compañías proveedoras podrían hacer. El problema es quién controla el servicio que dan estas empresas a los usuarios, la velocidad de entrega de la información o la competencia desleal entre ellos.

¿Qué lugar queda para las políticas públicas?

La incursión de Internet en la vida cotidiana precisa que diferentes organismos incorporen a su agenda diaria la necesidad de contemplar muchas actividades que ocurren en el ciberespacio. Si hay una agencia gubernamental encargada de regular la venta de medicamentos dentro de un país, debería incluir un equipo especializado para la fiscalización de las farmacias que operan por Internet dentro de su territorio. Pero al mismo tiempo, si ocurre un hecho de discriminación o acto de violencia simbólica por publicaciones en sitios web o redes sociales, el Estado debe contar con una serie de mecanismos de acción para abordar esta problemática en entornos digitales. Y estas cuestiones no son meramente sancionatorias. Involucran la prevención de conflictos ante los cuales los gobiernos no pueden dejar de actuar, siempre y cuando se garanticen dos pilares de la web: la libertad de expresión y el derecho a la información.