Hay algo que no cierra entre la visión que transmite el Instituto Superior de Seguridad Pública a los cadetes de la Metropolitana y la invasión del viernes al Hospital Borda. El instituto dice en su página oficial que pretende transmitir “las aptitudes necesarias para la intervención civilizada en los conflictos, de una manera absolutamente respetuosa de la dignidad humana y concibiéndolos como oportunidades para aprender a coexistir mejor”. A no ser que los pacientes psiquiátricos y los profesionales que los atienden no estén alcanzados por la coexistencia pacífica, el enunciado hace más ruido que el disparo de una bala de goma. La creciente y sostenida militarización de la fuerza que depende del gobierno porteño también ayuda a entender la represión brutal en el centro de salud mental. Cómo se pasa de la retórica garantista de la academia a los balazos, palazos y gas pimienta contra los que protestan sólo lo saben Mauricio Macri, y su ministro de Seguridad Guillermo Montenegro. Este último intentaba explicarlo ayer durante la interpelación a la que fue sometido en la Legislatura (ver página 5).

La síntesis visual de esa aparente contradicción es el efectivo de la Policía Metropolitana al que más se vio disparar en el Borda. Boina verde, anteojos oscuros y talante de Rambo, gatilló su escopeta una y otra vez contra la multitud que tenía delante. Siempre apuntó del tronco hacia la cabeza de los manifestantes, como si estuviera en plena cacería. Nunca lo hizo hacia el piso ni a la distancia que señalan los protocolos de acción policial. A su lado, otros uniformados igual de pertrechados tiraban encasquetados y con el rostro oculto detrás de pasamontañas. En España, por ejemplo, las normas que debe cumplir la policía indican que las balas de goma sólo se pueden disparar a una distancia mínima de 50 metros y contra el suelo para que no impacten directamente. Entre 1990 y 2012, 23 personas perdieron un ojo a causa de estos proyectiles en aquel país (http://www.centre delas.org).

Quizá los que dispararon no hayan pasado por el ISSP y sean policías que llegaron de la Federal o la Bonaerense o algunos de los 142 ex marinos que abandonaron la Armada para sumarse a “una fuerza diferente para la seguridad que el vecino necesita”, como reza un slogan de la Metropolitana. En marzo, el diputado Julio Raffo, de Proyecto Sur, difundió datos que a su pedido le brindó el Ministerio de Seguridad. Al 25 de enero de 2013 “un 5 por ciento (186 efectivos) de la Metropolitana son o fueron militares. De éstos, un 76 por ciento (142 efectivos) pertenecen a la Armada. El 72 por ciento (135 efectivos) de los miembros que están o provienen de las Fuerzas Armadas están ubicados en los rangos operativos de la policía, estos son el de oficial y oficial mayor”.

La ley Nº 2894 de Seguridad Pública de la Ciudad prohíbe que miembros de las Fuerzas Armadas puedan integrar la Metropolitana. Pero el jefe de Gobierno se las ingenió por decreto (Nº 210/09) para incorporarlos igual. Para el legislador, los ingresantes “debían ocupar los mandos medios” pero no los puestos operativos, destinados a cumplir tareas en la calle. Su explicación: “La mayoría de estos hombres formados para la guerra y el exterminio del enemigo son ahora oficiales en contacto con los vecinos en la calle. En otras palabras, Macri firmó un decreto que viola la Ley de Seguridad Pública y tampoco lo respeta”.

Después de analizar la información, Raffo concluyó que se está “cada día más lejos del paradigma de policía de proximidad y de generar la sensación de seguridad que los vecinos de esta ciudad necesitan”. El 31 de enero de 2010, en una nota titulada “La tropa de Burzaco” (por Eugenio, el ex jefe civil de la fuerza),

Página/12 publicó nóminas de personal retirado del Ejército y la Armada suministradas por el Ministerio de Defensa. Incipientes, esas listas mencionaban a diez y once efectivos de aquellas armas, respectivamente. Eran los primeros que se sumaban a la Metropolitana. Había de todo: un teniente de fragata, infantes de Marina y personal de inteligencia.

“Los compañeros y conocidos que entraron a la policía de Macri son oficiales y suboficiales. La gran mayoría está en un grupo especial, vendría a ser como el GEOF de la Federal y los demás quedaron como instructores”, decía en el mismo artículo un comando anfibio de la Infantería de Marina. El ministro Montenegro siempre estuvo muy cerca de la Armada. Estudió en el Liceo Naval y jugó al rugby en el club homónimo. Su padre fue capitán de navío y director de maestrías del Instituto Universitario Naval (IUN).

Desde su nacimiento, la Metropolitana enhebró una serie de desaciertos y fracasos que abonaron su descrédito. Macri colocó a su frente al comisario Jorge “Fino” Palacios, procesado en la causa AMIA y en la de escuchas ilegales, donde comparte esa situación jurídica con quien fuera su jefe. Al mes y medio de asumir el cargo tuvo que renunciar. Durante su breve jefatura, llevó adelante el Plan Trienal de la Policía para el período 2009/2011, que contemplaba la compra en su primer año de un 42 por ciento de vehículos no identificados, un número que estaba muy por encima del registro de otras fuerzas. En aquella breve estadía de Palacios antes de ir a parar a la cárcel, Macri lo mimó con medidas como el veto al Comité de Seguimiento de la Metropolitana por la Legislatura. Los vetos a leyes aprobadas hasta por sus propios diputados siempre han sido coherentes con su concepción de una política de seguridad muy magra en el respeto a los derechos humanos. Les dijo no a los Foros de Seguridad Pública, al Comité para la Prevención de la Tortura y al Registro de Ex Presos Políticos.

En su informe de marzo, Raffo señaló una irregularidad que continúa: “Podemos inferir que la Policía Metropolitana seguirá incorporando miembros de las Fuerzas Armadas por mucho tiempo más y en proporciones discrecionales cuando la ley lo prohíbe”. Y agregó que “Macri envió agentes a cursos de antiterrorismo (incluido espionaje) en la ‘Nueva Escuela de las Américas’ de El Salvador, donde se entrenaba a los militares durante la dictadura”. De ese combo de teoría y práctica represivas parece haber salido el protocolo de acción que el gobierno porteño aplicó en el interior del Borda, un hospital psiquiátrico que el próximo 11 de octubre cumplirá 150 años.