En dos años y unos pocos meses, la Policía Metropolitana intervino sólo en cuatro conflictos: el Parque Indoamericano, el Parque Centenario, la Sala Alberdi del Teatro San Martín y el Borda. En los cuatro casos hubo heridos y en el Parque Indoamericano muertos, con imputación concreta por doble homicidio contra un jefe y 33 efectivos de la Metropolitana que integraban el grupo del que salieron los disparos con postas de plomo, que mataron a Bernardo Salgueiro y Rosemary Chura Puña e hirieron a cinco personas más. Ninguna de las víctimas estaba enfrentando a nadie, sino que eran vecinos que se iban del parque. Hay dos razones de fondo de la simultaneidad entre acción de la Metropolitana y muertos o heridos en los cuatro casos. La primera es que el núcleo central de cuadros de la Metropolitana son los 900 que ingresaron en el primer año reclutados por Jorge “El Fino” Palacios. Provenían de la Federal y de una tradición de Rambos. La segunda razón es que los jefes e integrantes de la Metropolitana tienen una gran autonomía: no aparecen los funcionarios del gobierno porteño en la escena de los hechos y las órdenes son abiertas, con margen a los policías para que actúen según su criterio. Por eso, los que el viernes portaban las escopetas aparecían muy adelante de las líneas de la Infantería y no detrás, en la retaguardia, como corresponde.

“El viernes se vio otra vez una policía de derecha”, señaló el ex interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y actual legislador de Nuevo Encuentro Marcelo Saín. “Al primer contratiempo, rápido van al uso de la fuerza, a una represión indiscriminada, donde les pegan a todos, se llevan preso a cualquiera. Y, además, avanzaban unos, otros no, disparaban desde cerca. Un verdadero desastre en el que se reflejó otro rasgo de la policía de derecha: dejan hacer a los jefes de uniforme, no hay conducción de los funcionarios políticos.”

De cuatro, cuatro

La jueza Silvia Ramond indagó el lunes al comisionado mayor de la Metropolitana, Ricardo Ferrón, quien orgullosamente le confirmó que él estuvo al frente del grupo sospechado por matar a los dos vecinos del Indoamericano. Su segundo, de apellido Castillo, le dijo a la jueza que dispararon 400 tiros disuasivos, aunque ninguno admite –de acuerdo con la minuciosa investigación que hizo el fiscal Sandro Abraldes– que entre las postas de goma metieron postas de plomo en las escopetas 12.70, las mismas que se vieron el viernes en el Borda. No sólo los muertos del parque tenían en el cuerpo restos de proyectiles de plomo, sino también los cinco heridos. Y los tiros salieron del mismo grupo de metropolitanos en dos lugares distintos: el propio parque y Autopista Cámpora y Castañares. En ambos sitios estaban los comandados por Ferrón. Abraldes acusa a 33 integrantes de la Metropolitana de homicidio en agresión, que es cuando no se puede determinar exactamente quién disparó.

En el conflicto por la Sala Alberdi, del Centro Cultural San Martín, en marzo se presentaron a la Justicia tres heridos con postas de plomo, también víctimas de la Metropolitana. Los médicos judiciales constataron que los proyectiles eran de plomo, rigurosamente prohibidos para cualquier efectivo que participe en un operativo de desalojo o que intervenga frente a una manifestación o concentración. Las postas de goma también pueden ser letales si se disparan desde cerca. Eso lleva a que la norma sea que los escopeteros estén detrás, en la retaguardia.

El desalojo de los vecinos que se oponían al enrejado del Parque Centenario también terminó con heridos. El caso fue de los más grotescos, porque los vecinos no constituían una organización férrea ni agresiva, eran asambleístas que igualmente fueron reprimidos con balas de goma y el saldo fue de cuatro heridos. Con la del viernes, entonces, en dos años y medio son cuatro intervenciones de la Metropolitana en conflictos con manifestantes. Siempre hubo heridos, las escopetas se cargaron con postas de plomo al menos en dos casos; tiraron con balas de goma invariablemente a corta distancia, resultaron apaleados decenas de manifestantes y en los operativos se privilegió la violencia a las modernas normas de intervención que se usan en protestas sociales (ver aparte).

Núcleo duro

El núcleo duro de la Metropolitana son los jefes y oficiales que reclutó El Fino Palacios al principio, todos provenientes de la Federal y con el modelo de la Federal en las venas. Tras los escándalos del propio Palacios y el espía Ciro James, fueron apartados unos 30 o 40 hombres, pero el contingente principal de jefes y oficiales siguió intacto y en el centro de la fuerza. El ADN de la Federal se marcó en décadas. Una fuerza que fue un Estado en sí mismo, que guardaba los antecedentes de toda la población, incluyendo los que nunca habían cometido un delito; la fuerza que emitía los documentos y pasaportes, una prerrogativa que perdieron en estos años y que sólo se explicaba como gigantesco mecanismo de control social. La Federal ejerció durante décadas un fuerte dominio sobre la vida cotidiana –hasta hoy sigue otorgando certificados de domicilio–, la calle y, al mismo tiempo, su influencia se extendió a las bandas, los prostíbulos, la droga y un largo listado de ilícitos.

La característica fundamental siempre fue el autogobierno, el poder de los comisarios, lo que se tradujo en que la Metropolitana la armó el comisario Palacios reclutando a su gente más cercana y cada uno de ellos a su vez convocó a quienes fueron sus oficiales subordinados a lo largo de la última década. Tras el escándalo Palacios hubo un tímido intento de poner una conducción civil, por lo que fue designado Eugenio Burzaco al frente de la Metropolitana. Pero ya por entonces todas las voces indicaban que los comisarios se subordinaban poco y nada, pero que además el gobierno de Mauricio Macri y el ministro Guillermo Montenegro –hijo de un capitán de navío– más bien respaldaba el modelo de que la seguridad es cosa de gente de uniforme. El tema se terminó blanqueando cuando Burzaco dejó el cargo y la fuerza quedó a cargo de la dupla de ex hombres de la Federal: Horacio Giménez y Ricardo Pedace.

Mauricio Macri nunca se apartó un milímetro de Palacios, pese a que se le imputa encubrimiento en el caso AMIA, escuchas telefónicas ilegales y hasta se hizo público un diálogo del Fino con un reducidor de autos y marcador de la banda de secuestradores que mató a Axel Blumberg. El jefe de Gobierno respaldó objetivamente una forma de actuación policial que se tradujo en la Metropolitana. Eso permitió que los privilegios se fueron sumando. Los metropolitanos cobran sueldos que rondan el doble de la Federal y son los únicos exentos de una norma establecida hace años –por Aníbal Ibarra y Jorge Telerman– y que impide que un funcionario porteño que cobra un sueldo pueda, a la vez, cobrar un retiro. O sea, si cobra de la Ciudad debe suspender su retiro. Los integrantes de la Metropolitana, que tienen algún retiro, cobran ambas cosas: sueldo y retiro.

El poder de los comisarios se traduce en autogobierno y dinero.

El modelo

Oficialmente, la Metropolitana ha dicho que tiene tres mil efectivos, de los cuales unos dos mil vienen de la Federal, aunque lo importante es que los cuadros de mando salieron de allí. Es una policía con escasa capacidad, lo que se evidencia en que no cubre las zonas calientes: el sur de la ciudad, las villas. Su actuación se inició en barrios menos conflictivos como Saavedra, Villa Urquiza o Coghlan, y avanzó hacia otros barrios como Chacarita o Villa Crespo, pero la impresión es que para cubrir toda la Ciudad, y sobre todo los sectores conflictivos, hacen falta unos 13.000 hombres, cifra que ni por presupuesto ni por capacidad de formación la Metropolitana puede alcanzar. Aunque se hicieron anuncios de operativos antidrogas en villas, incluyendo un ingreso a la 31, la realidad es que no hay efectivos ni preparados ni especializados para que esos operativos sean exitosos.

Sobre la Infantería, que es la que actuó el viernes, hay versiones cruzadas. Lo que se dice es que la Metropolitana no tiene efectivos suficientes y por lo tanto en la represión del viernes actuaron policías que durante la semana están en un patrullero. La falta de capacidad se traduce rápidamente en recurso a la violencia. El viernes, por ejemplo, la Metropolitana llegó a las siete de la mañana cuando no había manifestantes. Cualquier fuerza organizada pone vallas rodeando el lugar en el que se iba a hacer la demolición. Las vallas justamente evitan los choques, tal como sucede habitualmente frente a la Casa Rosada o el Congreso en días en que hay manifestaciones. Los empleados del Borda ingresaron al predio que querían defender y luego la Metropolitana tuvo que sacarlos, en lo que ya implicaba un contacto cuerpo a cuerpo. Encima algunos efectivos avanzaban, otros retrocedían y los escopeteros terminaron haciendo punta con sus armas. El recurso en el que confiaron fue el de la brutalidad, como ocurría antaño con la Federal. Y la ausencia de conducción civil redondeó todo.

Cuando existe control de los funcionarios de gobierno las instrucciones son precisas: el operativo se debe hacer de tal manera, hasta en los mínimos detalles. Cuando el poder lo tienen los comisarios, las instrucciones son vagas: despeje el área. Esto es lo que ocurrió el viernes. Y no hubo muertos de pura casualidad: el desorden, la falta de diálogo con los manifestantes, la ausencia de autoridad política terminó en que le pegaron palazos y balazos –de cerca– a cualquiera que tuvieran delante.