En abril, le negaron un aborto no punible a una chica de 13 años en el Hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega, de Moreno. El caso puso en evidencia las trabas arbitrarias que todavía se imponen en algunos centros de salud para impedir el acceso a una práctica legal. La adolescente había resultado embarazada como consecuencia de los abusos sexuales a los que la sometía su padrastro, que fue denunciado y quedó preso. Finalmente pudo interrumpir la gestación con medicamentos en un consultorio privado y su atención concluyó en un hospital público fuera del ámbito de la provincia de Buenos Aires, con el acompañamiento de organizaciones de mujeres de la zona, integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Uno de los argumentos que esgrimieron en el hospital de Moreno fue que estaba muy avanzado el embarazo, que rondaba las 23 semanas. Al punto de que la médica Mariana Dunayevich, directora asociada del hospital, afirmó en declaraciones periodísticas que “la inducción del aborto en estas condiciones aumenta significativamente el riesgo de una eliminación incompleta de la placenta y de una hemorragia posparto con riesgo de muerte y de histerectomía, es decir, de poner en riesgo su capacidad reproductiva a futuro”. Sin embargo, reconocidos médicos obstetras como José Belizán, investigador superior del Conicet, y Fernando Althabe, profesor adjunto de la Escuela de Salud Pública de la UBA, descalificaron los dichos de Dunayevich y advirtieron que no tenían ningún basamento científico. Ambos especialistas, pertenecientes al Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, dieron amplios argumentos –basados en evidencia científica– de que se le podía ofrecer el aborto inducido seguro a la chica, en el segundo trimestre de gestación, y con ello prevenir futuras complicaciones de continuar su embarazo. Es decir, indicaron que más riesgoso que la interrupción era seguirlo hasta llevarlo a término, por tratarse de una niña. Lidia Tundidor, coordinadora del Programa de Prevención y Atención a Víctimas de Violencia Familiar y de Género del Ministerio de Salud bonaerense, también planteó las mismas objeciones que Dunayevich.