Una de las paradojas del lenguaje lumpen-mafioso es el significado de la palabra “protección”. En lugar de remitir al amparo que podría recibir alguien en problemas habla de la impunidad que suelen brindar miembros de las fuerzas de seguridad a determinados actores ilegales. “Pagar la prote”, se dice para definir el costo de la impunidad. En el caso de los testigos, la situación es compleja y una discusión abierta entre distintas agencias de gobierno vinculadas al problema.

“Lo que tenemos con bastante asiduidad son casos de homicidios en las villas donde nadie quiere abrir la boca. Como tampoco hay ofertas para hacerles a las personas que vieron el crimen, quedan sin investigar y difícilmente se llega a una condena. Hace algunos meses ocurrió en un juicio oral, como el tiempo de la protección es limitado, los testigos que habían declarado bajo identidad reservada en la instrucción ante los jueces orales dijeron que no vieron nada”, relata a este diario una fuente de la Oficina de Atención a la Víctima, dependiente de la Procuración General de la Nación, uno de los organismos donde muchos de los testigos desprotegidos llegan a pedir ayuda.

La ley que crea el Programa de Protección de Testigos e Imputados nació en tiempos en que los secuestros de la zona norte caldeaban el ambiente político y les sacaban canas a los entonces funcionarios del viejo Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, a cargo de Gustavo Beliz. Hasta entonces, sólo existía la posibilidad de brindarles protección a los testigos de causas por narcotráfico. Desde la ley se contemplan los secuestros y el terrorismo. En un inciso aparte, la ley prevé los “casos de trascendencia excepcional” para “delitos vinculados a la delincuencia organizada o violencia institucional” o “cuando el interés político criminal de la investigación lo hagan aconsejable”.

En el caso de la masacre, los funcionarios judiciales consideraron que el Estado no cuenta con una alternativa efectiva para proteger al testigo clave que se acercó al Palacio de Tribunales dispuesto a declarar. “Si ellos nos lo piden, por supuesto que lo protegeríamos. El programa incluye la necesidad de un requerimiento judicial para incorporar al testigo. Luego se posibilita el traslado de la persona y una asistencia económica durante los seis primeros meses y los gastos de mudanzas de ellos y toda la familia. Mas allá de la protección policial, si el juez lo solicita”, aclaran en el ministerio. “Lo que es imposible es que no se les revele la identidad en el juicio oral, porque a pedido de la defensa no pueden desconocer la identidad de los testigos, saber quién es para validar la prueba, cuestionarla y conocer si es cierta”, explicó otra fuente.

Del otro lado, en las fiscalías y los juzgados tienen una visión negativa del programa por sus acotadas cualidades. “Hay una cosa clave que evaluamos un montón de veces. Pese a que las respuestas positivas del programa son casi nulas, las que existen son para personas de escasísimos recursos. Una persona de clase media o simplemente un trabajador con ingresos dignos no puede aceptarlo porque se estaría empobreciendo y la ayuda duraría apenas seis meses cuando los procesos pueden tardar años”, le dice a Página/12 un funcionario de la Procuración General. De hecho, las cifras indican que son 28 los casos en los que se ha protegido a personas que aceptaron las reglas para declarar. Hoy sólo siete reciben ayuda económica. “Es cierto que la ley plantea excepciones, pero el problema es que esa excepción no se abre en la realidad a casi nadie por carencia de presupuesto. Todavía falta que el Estado reconozca que para combatir las nuevas mafias necesita otras herramientas”, asegura un fiscal en lo criminal que en su faena se siente solo como un testigo en medio de la villa, inmóvil ante la amenaza.