El gobierno porteño calificó hoy como "increíble" al fallo que lo obliga a informar a la Justicia y a la Defensoría General de la Ciudad antes de un desalojo de cartoneros, al ratificar su repudio contra la sentencia y confirmar que apelará en las próximas horas.

En ese sentido, argumentó que recurrirá la resolución judicial, al considerar que su política relacionada con el espacio público está amparada por "la ley".

El jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ratificó que el procurador general de la Ciudad, Pablo Tonelli, "está trabajando en la apelación".

"Nos parece increíble que pidan un preaviso para hacer cumplir la ley. En definitiva, lo que estamos haciendo es defender el espacio público", se quejó Rodríguez Larreta en declaraciones radiales.

De esta manera, el jefe de ministros de la Comuna fustigó el fallo emitido en las últimas horas por el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Hugo Ricardo Zuleta.

La sentencia estableció que, "con cinco días de antelación a la desocupación de cualquier asentamiento de cartoneros en el dominio público, (el gobierno porteño) deberá notificar al Defensor General de la Ciudad e informar al Juzgado".

El magistrado, en la resolución, argumentó que la sentencia procura "asegurar la protección de los bienes de las personas a desalojar" y dispuso que la administración encabezada por Macri deberá efectuar un informe detallado con la composición de los grupos familiares que afectará una eventual medida.

El fallo fue emitido tras un escrito de cinco cooperativas de recicladores urbanos, presentado después del primer desalojo de la gestión Macri y del entredicho que protagonizó el gobierno porteño con la fiscal Marcela Solano.

El 22 de febrero último, unas 70 familias de cartoneros que acampaban en la zona de Barrancas de Belgrano desde el cese del funcionamiento del Tren Blanco fueron desalojadas por agentes policiales y comunales, tras incidentes y detenciones de nueve recolectores informales.

A los pocos minutos, el gobierno porteño emitió un comunicado en el que aseguró que el operativo fue ordenado por disposición de una fiscalía de la Ciudad, pero luego tuvo que desmentirlo y admitir que dispuso el desalojo "por vía administrativa".