Los defensores oficiales Mercedes Crespi y Máximo Liva cuestionaron la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, reivindicando las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y aseguraron que no hay pruebas concretas de la participación de los acusados en los crímenes de Hilda Palacios, Humberto Brandalisis, Carlos Lajas y Raúl Cardozo, miembros del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) muertos en 1977.

Aún cuando solicitaron "la invalidez de toda la prueba testimonial", por considerar que los testigos no fueron neutrales ni imparciales y que no se podía inculpar a los acusados por esos hechos, los abogados ocuparon parte de su exposición para tratar de evitar, ante una posible condena, la cárcel común o bien la pérdida de los beneficios del arresto domiciliario.

Estos planteos estuvieron referidos a Menéndez (ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército), Hermes Rodríguez, Luis Manzanelli, Carlos Vega, Carlos Díaz, Oreste Padován y Ricardo Lardone.

"Las cárceles no deben ser para castigo (...), por lo tanto las penas no deben ser para castigo", dijo Liva, quien remarcó al tribunal presidido por Jaime Díaz Gavier que "este no es un juicio político" y advirtió por la situación de "inseguridad jurídica" que afectaría a los acusados por la reapertura de los procesos.

En ese marco, la defensa reivindicó las leyes del perdón, pese a que fueron declaradas inconstitucionales y anuladas, e insistió en que las acusaciones versan sobre hechos prescriptos. "¿No será que en realidad la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad no era costumbre en la Argentina? ¿Y por qué fue incorporado en nuestro ordenamiento en el año 2003?", preguntó Crespi al Tribunal Oral Federal 1.

"Mis defendidos están amparados por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. El resguardo de la ley es superior a todo", dijo cuestionando la declaración de inconstitucionalidad de esas normas de amnistía, que habían sido promulgadas en 1987, durante el Gobierno de Raúl Alfonsín. Concluyó su alegato considerando que la reanudación de los juicios a los represores "tiene un solo nombre, un triste nombre: inseguridad jurídica".

Según Crespi y Liva no existen pruebas que acrediten en forma concreta que sus asistidos hayan participado del secuestro, tortura y asesinato de las cuatro víctimas de esta causa, sobre todo, según su criterio, porque "los testigos no han sido ni imparciales ni se respeta el principio de neutralidad".

"Esto de que 'todos hacían todo' es inédito (...), es impropio de un Estado de derecho. No es así como se imputa penalmente los hechos, se imputan específicamente, pudiendo darle oportunidad a los acusados que se defiendan concretamente (...) Esto afecta el principio de culpabilidad", aseguró Crespi.

La defensora pidió la "invalidez de los testimonios" de la sobreviviente de 'La Perla' Mirta Iriondo, del ex conscripto Julio Suárez y del ex gendarme y testigo de fusilamientos Carlos Beltrán.

La defensa reclamó la "nulidad de la prueba testimonial recibida en su totalidad" al considerar que los testigos no fueron aislados del debate, y cuestionó la difusión que la prensa hizo del desarrollo de las audiencias.

En el caso de Iriondo, porque entendió que la mujer, actual funcionaria del Ministerio de Defensa, había expresado su deseo de que haya condena en este juicio, lo que anulaba su testimonio. En cuanto a Suárez y a Beltrán, dijo que eran "inverosímiles". Hoy, por primera vez después de la lectura de la acusación, los imputados permanecieron en la sala de audiencias.

El viernes pasado, el fiscal Maximiliano Hairabedian, al término del alegato compartido con Graciela López de Filoñuk y Fabián Asís, pidió perpetua para Menéndez, Manzanelli, Díaz, Padován y Lardone; 18 años de prisión para Vega, y 22 años para Rodríguez y Acosta.

Un día antes, los abogados de la querella de Hijos-Familiares, Claudio Orosz y Martín Fresneda, y el letrado Mauro Ompré pidieron perpetua para los mismos imputados que los fiscales pero solicitaron 25 años para Vega, Rodríguez y Acosta.

Este juicio es el primero en Córdoba por la represión ilegal de la dictadura y se prevé que la sentencia sea dictada durante los primeros días de la semana que viene.