El tribunal ratificó la medida, con embargos de 100 mil pesos en cada caso, que el juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid dictó a los ex directivos de la Cámara de Empresas de Servicios de Vales Alimentarios y Similares (CEVAS) Santiago Lynch y Miguel Raúl Gutiérrez Guido Spano.

Ambos están procesados por cohecho, delito con pena de hasta seis años de prisión, tomando como prueba filmaciones con cámara oculta sobre el ofrecimiento de una suma millonaria para que Recalde frenara un proyecto de su autoría -luego convertido en ley- que contempla la incorporación de los vales de comida a los sueldos. Fuentes vinculadas al sumario recordaron que el juez de primera instancia consideró que "el audio y las imágenes captadas representan un fiel reflejo de lo acontecido".

En su descargo los procesados habían manifestado que en las entrevistas con Mariano Recalde -en noviembre de 2007-, fue el hijo del legislador quien intentó obtener una "coima" por parte de los empresarios.

Las defensas indicaron que Mariano Recalde no es legislador, pero la Sala II de la Cámara afirmó que "el cohecho activo se consuma cuando el ofrecimiento llega a conocimiento del funcionario, siendo irrelevante que éste la acepte o rechace".

Los camaristas Horacio Cattani y Martín Irurzun consideraron que "Gutiérrez Guido Spano y Lynch efectuaron un ofrecimiento dinerario en procura de que un diputado nacional retarde el tratamiento o modifique un proyecto de ley en el seno de una

comisión legislativa". Y agregaron que "mediante la observación del material fílmico se puede seguir el hilo de la conversación y se aprecia claramente quien ha pronunciado cada frase".