El represor Antonio Domingo Bussi acusó al gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de "subversivo", negó la figura del desaparecido, al considerarla como "un arbitrio psicológico" de las organizaciones "terroristas", y justificó su accionar amparándose en que el país estaba por entonces "en guerra".

Bussi, quien lloró en varias oportunidades -al punto de que los jueces del tribunal oral que lo juzgan por la desaparición del senador Guillermo Vargas Aignasse, determinaron un cuarto intermedio de cinco minutos-, se consideró "un perseguido político del Gobierno".

En una de esas veces que lloró, Bussi recordó emocionado la despedida que le brindaron "40 o 50 mil tucumanos" cuando finalizó el denominado Operativo Independencia durante la dictadura.

Bussi comenzó con una introducción refiriéndose a su salud y rechazó el informe profesional que indicó que no necesitaba la asistencia respiratoria y que esta en condiciones de asistir a la audiencia.

Entrando ya de lleno en su declaración, que fue leída en su totalidad, Bussi, sin sacarse la "bigotera" con la que recibe oxígeno suplementario, cuestionó como una "aberración jurídica" la "omisión sistemática, deliberada, arbitraria e intencional del marco histórico de la guerra que tuviera lugar -dijo- en Tucumán" contra lo que llamó "la agresión marxista leninista".

"Estábamos en guerra y bajo estado de sitio", enfatizó al menos en dos oportunidades Bussi y agregó que "los ideólogos de la subversión" que, según denunció, distorsionan la verdad histórica, "hoy (son) gobierno".

Según dijo, "en Tucumán se llevaron a cabo acciones específicamente militares" y en tal sentido sostuvo que "la figura del desaparecido es un arbitrio psicológico de la subversión para disimular las bajas en combate".

Agregó que "en nuestro país, hubo una guerra iniciada por organizaciones terroritas" y enfatizó que "la inmensa mayoría de la generación de tucumanos de esa época, la suya señor presidente -dijo, refiriéndose al titular del tribunal- reconoció que hubo un estado de guerra" en la Provincia.

En el caso particular de Vargas Aignasse, dijo que recibió una orden de detención "de la Junta de Comandantes en Jefe, a través del III Cuerpo de Ejército", a cargo entonces de Luciano Benjamín Menéndez, también sentado en el banquillo de los acusados.

Además, dijo que el senador provincial ofreció "frondosa documentación delatando a sus compañeros" a cambio de su liberación, lo que originó una fuerte polémica con el fiscal, quien le advirtió que no toleraría que "agraviara la memoria de un desaparecido".