Esos estudios técnicos serán encargados a los peritos contadores de la Corte Suprema de Justicia, quienes analizarán los elementos que fueron secuestrados en los procedimientos que culminaron a "altas horas de la noche" de ayer, dijeron fuentes allegadas a la investigación.

Pese al hermetismo impuesto por el magistrado, los informantes dejaron trascender que ése sería el paso previo al posible llamado a prestar declaración indagatoria, a los responsables de los presuntos delitos que fueron denunciados. Las mismas fuentes indicaron que Bonadío también requerirá a la Superintendencia de AFJP que informe sobre las declaraciones juradas presentadas, en los últimos diez días, por las Administradoras de Fondos.

Los allanamientos realizados ayer permitieron el secuestro de documentación calificada como "abundante" e "importante" por allegados a la causa, y se realizaron con intervención de la secretaria Laura Charnís.

Fuentes policiales, por su parte, indicaron que en una de las AFJP allanadas sus responsables habrían solicitado autorización para filmar el procedimiento policial, algo que no fue autorizado por el juzgado.

Los procedimientos se dieron en el marco de la denuncia presentada anteayer por el fiscal Guillermo Marijuan, en su carácter de titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (UFISES).

En un escrito de 19 carillas, Marijuan reclamó que se investigue a las administradoras que operan en el sistema, por el presunto delito de defraudación a la administración pública que prevé penas de hasta seis años de prisión.

A las pocas horas de la presentación de la denuncia, Bonadío prohibió que las AFJP, por siete días hábiles, efectuaran operaciones bursátiles y financieras que "modifiquen su cartera", es decir que, por ejemplo, no vendan bonos para comprar divisas. Esa medida había sido requerida por Marijuan ante la

posibilidad de que las AFJP ocasionasen "serios e irreparables perjuicios de imposible reparación ulterior, no sólo a sus afiliados sino también al Estado Nacional".

Ante la inminencia del anuncio sobre las modificaciones al sistema provisional, las Administradoras denunciadas habrían "efectuado operaciones financieras en claro detrimento de los intereses de sus afiliados, dilapidando los fondos en clara violación a las disposiciones legales vigentes", denunció el

fiscal.