Fuentes judiciales dijeron que el juez federal Rodolfo Canicoba Corral rubricó esta resolución en las últimas horas, ante la negativa que recibió oficialmente de parte de Irán.

"La circunstancia de que la República de Irán se haya negado de manera sistemática a colaborar en los requerimientos judiciales que le fueron formulados encierra una actitud ciertamente reticente y protectora para con los ciudadanos iraníes que se encuentran aquí imputados", advirtió el juez en la resolución.

Para el juez, el embargo se dictó sobre las cuentas bancarias del denominado Partido de Dios libanés (Hezbollah) y sobre los prófugos: el ex ministro de seguridad Alí Fallahiján, el ex canciller Alí Velayati, el ex Jefe de la Guardia de los Pasdarnas Moshen Rezahi, el ex Jefe de la Fuerza Al Quds Ahmad Vahidi, el ex consejero cultural en Buenos Aires Moshen Rabbani, el ex embajador Hadi Soleimanpour y el ex secretario en la embajada en Argentina Ahmad Ashgari.

Hace una semana, la Fiscalía del caso AMIA reclamó el embargo de las cuentas, en el marco de un reclamo civil de un sobreviviente de la masacre que pidió ser indemnizado.

Nisman entendió que los demandados debían ser "solidarios" por el daño ocasionado, en base a las pruebas que obran en la causa por el atentado que el 18 de julio de 1994 mató a 85 personas.

Esta demanda civil comenzó a fines de 2006, cuando el abogado Pablo Jacoby, que había sido querellante en la causa por la agrupación Memoria Activa, se presentó en nombre de un sobreviviente -cuyo nombre no trascendió por razones de seguridad- y reclamó un resarcimiento civil ante el juez Canicoba Corral.

El pedido del letrado implica trabar embargo sobre los bienes de los posibles responsables de la masacre, para garantizar los fondos de una eventual indemnización.

Según había dicho la demanda de Jacoby, el ataque tuvo "el soporte estructural para su organización, financiamiento y ejecución del aparato estatal iraní, así como de la organización libanesa Hezbollah".

También resaltó que "la decisión de cometer el atentado fue adoptada en el marco de una política de Estado iraní y para su consecución se emplearon distintas agencias de ese Estado, así como la organización libanesa Hezbollah que se le encuentra subordinada".

Ayer, la República Islámica de Irán rechazó judicialmente la orden de captura dictada desde Argentina para detener a los diplomáticos y ciudadanos de ese país involucrados en el caso AMIA.

En un texto de 19 carillas escrito en farsí, Irán rechazó el exhorto remitido por la Justicia argentina al Poder Judicial de esa nación islámica.

Desde Teherán hablaron de "falta de pruebas" y volvieron a impugnar la investigación del ex juez federal Juan José Galeano y del fiscal Alberto Nisman y hasta dudaron de que la masacre de la AMIA se haya producido por una explosión.