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En una extensa resolución, el magistrado que investiga la causa del espinaje telefónico en la Ciudad amplió también la medida al resto de los involucrados, entre ellos los policías de Misiones y las secretarias del juzgado de Posadas, y trabó embargos sobre los bienes de los imputados por un monto de 250 mil pesos.

Oyarbide también consideró miembros de esa asociación ilícita a otros ocho detenidos en el curso de la investigación, entre ellos cuatro policías misioneros y las secretarias de un juzgado de Posadas que pidió las intevenciones telefónicas a la SIDE con motivos falsos.

En una extensa resolución de 388 carillas, el magistrado amplió el procesamiento de todos los ya procesados en la causa y les extendió el embargo a 250 mil pesos.

Además de Palacios y James, fueron procesados Diego Gastón Guarda, Raúl Alberto Rojas, Rubén Alberto Quintana, Mónica Elizabeth Amaral, Antonio César Fernández, Lidia Beatriz Kruchowski, Augusto Gregorio Busse y Fernando Javier Castelli.

La investigación se inició hace dos meses a raíz de la denuncia de pinchaduras telefónicas a Sergio Burnstein, líder de los familiares de victimas del atentado a la AMIA y criticó a la designación de Palacios al frente de la metropolitana.

Posteriormente se determinó que las escuchas realizadas por la SIDE a pedido de jueces misioneros utilizando falsas investigaciones habían alcanzado al empresario futbolístico, Carlos Avila; a Alfredo Coto de la cadena de supermercados Coto y hasta a Néstor Lorenzo, un cuñado del jefe de gobierno porteño Mauricio Macri.