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La decisión fue adoptada el lunes por el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, durante una reunión con su gabinete ministerial. "Se debe aplicar un mecanismo ejemplarizante", dijo el mandatario, según el diario "Ultimas Noticias".

Durante la reunión, el ministro de Industrias, Raúl Sendic, presentó un balance sobre la emisión de la cadena por la derogación de la ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado que en 1986 amnistió a los militares y policías que secuestraron, torturaron o asesinaron a opositores a la última dictadura.

Según datos oficiales, de los 363 medios obligados a adherirse a la cadena que debía emitirse el 22 de octubre pasado, 36 no lo hicieron, por lo que quedarán sujetos a multas. Los montos serán fijados en función de la audiencia y los antecedentes de los medios de comunicación involucrados, indicó el ministro.

El mensaje que se debía transmitir en cadena de radios y televisión mostraba a familiares de detenidos y desaparecidos que instaban a votar a favor de la anulación de esa ley.

El 25 de octubre de 2009, simultáneamente con la primera vuelta de las elecciones presidenciales, los uruguayos debieron pronunciarse en un plebiscito para anular la Ley de Caducidad.

La consulta, promovida por organizaciones defensoras de los derechos humanos y algunos sectores de la gobernante coalición de izquierdas Frente Amplio, no logró las mayorías necesarias y la norma mantiene su vigencia.

Sendic dijo que las sanciones a los medios de comunicación constituirán "una señal clara a futuro. Cuando se establece una cadena nacional de radio y televisión, los medios deben adherir porque hacen uso de un bien público y deben prestar servicios cuando las necesidades del gobierno y el Estado lo requieren".

"En muchos casos la situación se dio porque la comunicación del Poder Ejecutivo no llegó a tiempo", alegó por su parte Gustavo Cersósimo, vicepresidente de la Asociación Nacional de Broadcasters del Uruguay.