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La medida, que incluye la expresa mención de que la causa "en nada afecta el buen nombre y honor del que hubiere gozado" el acusado, la tomó el juez federal Claudio Bonadío tras una serie de medidas de prueba ordenadas por la Cámara Federal cuando revocó su anterior sobreseimiento, en diciembre de 2009.

El magistrado tomó la decisión -contenida en una resolución de 47 carillas- tras volver a indagar a De la Rúa, a su ex secretario de Seguridad Enrique Mathov y tomar declaración testimonial al ex viceministro del Interior Lautaro García Batallán, al ex jefe de Gabinete Christian Colombo, al ex titular de la SIDE, Carlos Becerra y al ex edecán presidencial.

Bonadío ya había sobreseído a De la Rúa el 7 de abril de 2009 pero la Cámara Federal revocó esa medida y ordenó que se profundice la investigación sobre una supuesta reunión en la que la cúpula del gobierno de la Alianza habría determinado que había que "liberar de manifestantes la Plaza de mayo para acordar con el justicialismo la sustentabilidad de su gobierno". Esa supuesta reunión se la habría revelado García Batallán al entonces diputado socialista Luis Zamora y otra legisladora de la oposición, pero todos los testimonios reunidos por Bonadío y las nuevas pruebas reunidas por el magistrado le permitieron demostrar que ese encuentro no habría existido.

Luego del sobreseimiento, De la Rúa aseguró en declaraciones radiales que "está cabalmente demostrado que no tuve participación en los episodios y que no hubo del gobierno ninguna orden de represión ni de excesos", aunque señaló que "es un dolor que uno lleva siempre".